Viernes, 31 de Marzo de 2006

¿Código ético o penal?

Francisco J. Chavanel

[Canarias Ahora, 30 de marzo de 2006]

Entre 1997 y 1998 la Fundación Pedro García Cabrera, de inspiración socialista, pero con todos sus componentes en la mesa definitiva pertenecientes a las distintas fuerzas políticas, se propuso sacar adelante un código ético que desactivara las enormes indicios que ya había entonces sobre la existencia de corrupción en la vida pública.

Mandaba en Canarias CC y el presidente autonómico era Manuel Hermoso. Se escuchaban algunos ecos lejanos de algo denominado Tindaya, cometarios sottovocce acerca de un tal caso Icfem y poco más. Faltaban meses y años para que saltaran a la luz pública ambos asuntos con la virulencia que conocemos, y faltaban también los estallidos de los casos Jinámar, Sintel y La Caja de Canarias, que convertirían Gran Canaria en una batalla campal, y en sospechosa la tarea del Ejecutivo. Lo de esta legislatura (casino, gas, Granadilla, potencia éolica, Faycán, Amorós, Domingo González Arroyo, Carmelo Vega, Las Teresitas) supera todos los récords imaginables.

Aquel código ético fue aprobado por todas las fuerzas políticas con la excepción de Coalición Canaria. Argumentaron los isloñetistas que ellos al ser un partido nacional sólo podrían cerrar acuerdos de esas características con los portaaviones que en la época dirigían Aznar y Almunia. CC era muy consciente de que el contenido de aquel documento lo que intentaba controlar era justamente sus excesos, y ellos se sentían impunes.

Se pretendía que los políticos desterrasen el insulto de sus enfrentamientos; se reclamaba la desaparición del clientelismo y “asegurar los criterios de objetividad del destino de los subvenciones”, la desaparición de las adjudicaciones a dedo. Se impedía el uso de tránsfugas, y se solicitaba “no efectuar mociones de censura antes de transcurrido seis meses desde las elecciones”, “ser respestuoso con las minorías”, y eliminar “la libre contratación”.

Fue una ocasión única. Una oportunidad para regenerarse, recuperar el crédito perdido, abortar el escándalo que vendría cuando todavía éramos casi inocentes. CC (ATI esencialmente) no lo firmó y al no hacerlo puso las bases de la inseguridad jurídica que en la actualidad nos domina, se convirtió en el extraordinario maestro de la ponzoña que nos rodea, cuyos alumnos más aventajado resultaron ser Mauricio y el PP.

Ahora ya es tarde. Por fortuna o por desgracia, el papel moralizador de la vida política está en las orillas de la Justicia. A quienes no les tiembla el pulso por depurar si es preciso a todo un presidente de Audiencia Provincial, menos van a dudar cuando los que meten la mano, prevarican, y chanchullean son los que se han resistido tradicionalmente a cualquier control.