Sábado, 29 de Abril de 2006

Ya está bien

Ángel Tristán Pimienta

[La Provincia, 28 de abril de 2006]

El Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición de Ley, que no es la primera sobre el mismo asunto, para legalizar casas construidas clandestinamente en terreno rústico. Los alcaldes, que según una memoria de la Fiscalía del TSJ son unos “verdaderos delincuentes medioambientales”, han logrado nuevamente dar carta de naturaleza a la irregularidad, con el oportunista visto bueno de los grupos parlamentarios. Ha podido más el electoralismo barato, en la recta final hacia las elecciones de 2007, que el sentido del deber y de la responsabilidad.

Esta es una vieja canción en las Islas, y también en el resto de España, pero en el Archipiélago más. No es la primera vez que se hace una norma ´de punto final´ que en realidad es tan sólo de punto seguido. Porque nadie se arrepiente de lo mal hecho, nadie interrumpe las trapisondas ni cambia las costumbres. Estamos, en realidad, ante un clamoroso populismo parlamentario, porque sus señorías tienen que darse cabal cuenta de que lo que están haciendo, está mal. Sobre todo si la multitudinaria legalización que se avecina, aunque se disfrace con la tinta de calamar de que se estudiará cada caso, no incluye el envío a la Fiscalía de todos los expedientes por si algunos pudieran ser constitutivos de delito en el ámbito municipal. Sólo si la Cámara adoptara la decisión de cortar por lo sano, y de ´empapelar´ a los responsables, por acción u omisión, tendría sentido una medida regularizadora de esta naturaleza. Si no se hace así, dentro de unos pocos años volveremos a presenciar cómo la demagogia agrieta un poco más la armazón democrática, contribuyendo a que los ciudadanos aumenten su descreimiento sobre el correcto comportamiento de las instituciones.

El mal es muy amplio, y demuestra que la ´arquitectura y el urbanismo´ no puede depender en exclusiva de los ayuntamientos, que hacen y deshacen a su antojo, y que cuando les interesa a los caciques y grupos de intereses miran para otro lado o, sencillamente, llevan adelante las más burdas trapacerías con enorme desparpajo. Eso es lo que más fastidia: la desfachatez con la que se acometen ese tipo de chanchullos, eso sí, en nombre del desarrollo, que los fiscales canarios, hartos de la doblez y el cinismo, consideraron abiertamente como comportamientos delincuenciales.

Por eso nadie sensato se asombra ante la avalancha de casos de corrupción que empiezan a florecer por toda España. Justamente puede hablarse de una primavera judicial florida. Los episodios de La Oliva, donde está involucrado un diputado regional del PP, ex senador y ex alcalde; y de Telde, donde han sido imputados varios cargos ´populares´ y una concejala de Ciuca (Ciudadanos para el Cambio, menudo cambio) se suman a numerosas sentencias que han terminado con penas de cárcel e inhabilitación. Lo de Marbella es sin duda lo más llamativo, por la espectacularidad y las hazañas de un asesor al que ya llaman el ´aloe vera´, porque mientras más se investiga más propiedades se le descubren. Pero en la geografía nacional hay muchísimos aloes, que han germinado gracias a que, hasta ahora, no ha habido fiscalías delegadas anticorrupción pegadas al terreno y denuncias concretas de gente decente y valerosa que haya permitido a los jueces (aunque de todo hay en la viña del señor) tirar del hilo.

Hay quien protesta porque, dice, se puede degradar la imagen de los políticos. Es un temor falso: lo que degrada a la política es la sospecha fundada y la sensación de impunidad. No hay nada más degradante que ver cómo muchos políticos locales se enriquecen fuera de toda lógica, cómo sus parientes son enchufados en la administración o cómo empresas familiares y de socios en la ´vida civil´ se ponen en fila para chupar del bote presupuestario, cómo técnicos municipales burlan las incompatibilidades y participan de la piñata, hasta que los vecinos son colectivamente conscientes de que han cambiado los papeles: ya ellos no son la prioridad de la gestión, sino el bolsillo de ciertas camarillas aupadas al poder.

Las fiscalías anticorrupción, que no dejarán pueblo fuera de su ámbito de actuación, están teniendo el efecto ejemplarizante de que nadie puede sentirse a salvo. Cualquiera puede estar sometido a un ´pinchazo´. Pero la amplitud de la enfermedad demuestra que hay que ajustar la legislación para que sea efectiva. El ´urbanismo compartido´, y más alejado del mostrador, es una medida profiláctica imprescindible.