Jueves, 25 de Mayo de 2006

Hoy como siempre

Jorge Marsá

El comunicado de la Fundación César Manrique, que ayer publicó la prensa, menciona «una operación concertada, a gran escala y sin precedentes» en torno al Plan Territorial. Quizá sean muy raras las cosas que están pasando y no haya precedentes, quizá tengan razón; aunque a mí, la verdad, no me lo parece. No obstante, sí creo que algunas resultan cuando menos dignas de reseñarse.

Y lo lógico es empezar por el baile de posiciones que se trae la presidenta del Cabildo. La Provincia titulaba así el martes: «Rojas apuesta por aplazar el debate de la oferta complementaria en suelo rústico». Y el mismo diario confirmaba ayer el cambio en la postura: «Rojas reiteró su intención de aprobar este PTE ‘cuanto antes’ y dejar para después de las próximas elecciones el debate sobre la oferta complementaria en suelo rústico, tal y como propone el redactor del PTE, Fernando Prats». Es decir, que parece que el Plan Territorial está en vías de aprobarse, y tal cual le parecía a Inés Rojas que no debía aprobarse. Bastante es tener que aceptar que el Cabildo esté presidido por una tránsfuga; ahora sabemos, además, que lo está por una irresponsable, por quien abrió una crisis en su propio gobierno para, al final, tragarse lo que le parecía intragable.

Digna de mención me parece también la torpeza de la dirección de los socialistas lanzaroteños en esta batalla, aunque tampoco carece de precedentes. Manuel Fajardo ha vuelto a dar una buena prueba de sus limitaciones en el terreno político al aceptar lo que debería haber sido inaceptable: la desautorización de su segundo de abordo por la presidenta. Los socialistas parecen empeñados en dejarse en el camino una parte importante de su capital político, y se están revelando incapaces de gestionar bien los procesos tanto del Plan Territorial como del Plan General de Arrecife.

Donde no hay ninguna novedad es en Alternativa Ciudadana: Pedro Hernández calificó el PTE de «literatura anestesiante». Ya en su momento, cuando Enrique Pérez Parrilla planteó la desclasificación de 25.000 camas, habló de «estafa». Sí, como lo oyen, desclasificar 25.000 camas era, y es, una estafa o literatura anestesiante. Es coherente este buscador de eslóganes: para él, hoy como ayer, lo importante es cargar contra el PSOE. Y en eso están. Detener el crecimiento o desclasificar camas no es lo prioritario ni lo urgente para Alternativa Ciudadana.

Como se ve, más continuamos con los precedentes que novedades tenemos. Sin embargo, la Fundación sostiene que hay novedad en otro frente, y lo destaca en el primer punto de la síntesis de su comunicado:

La FCM hace pública su convicción de que existe una operación concertada, a gran escala y sin precedentes, promovida desde ámbitos empresariales y políticos, que persigue desmantelar los avances que se han producido en la isla durante los últimos años 15 años en materia de control del crecimiento turístico y ocupación del suelo. A juicio de la FCM, dicha operación incluye la neutralización del PTE, la debilitación de los colectivos sociales y, a medio plazo, el derribo de las políticas emanadas de la Administración que persistan en poner límites al crecimiento excesivo, a través de nuevos instrumentos de planeamiento.

No es la primera vez que la Fundación se refiere a operaciones ocultas u oscuras, aunque en esta ocasión suena un poco más apocalíptico por el añadido de la «gran escala y sin precedentes». En mi opinión, si algo puede decirse es que lo que está ocurriendo tiene todos los precedentes: un sector de la sociedad intenta una vez más que no se detenga el crecimiento turístico. Y tienen todo su derecho a defender sus intereses, que es lo que hacen los tránsfugas del PIL, CC, los alcaldes y un grupo de bien conocidos empresarios. ¿Dónde está la sorpresa y la novedad en que ese colectivo intente cargarse una medida destinada a contener el crecimiento turístico?

La característica de una sociedad democrática es que cualquier interés, por muy particular que sea, debe tener la posibilidad de ser defendido. Cierto que la FCM no comparte ese interés, tampoco yo –incluso me parece estúpido que algunos de quienes lo hacen lo defiendan–, pero ello no obsta para que resulte obligado reconocer el derecho que tienen quienes piensan que Lanzarote debe continuar creciendo en el terreno turístico a plantear su postura en el espacio público, y que sea legítimo que intenten evitar las medidas de las administraciones públicas que consideren que les perjudican. Siempre, eso sí, que se limiten a utilizar los recursos democráticos de los que dispongan.

Por lo tanto, se trata –también hoy como siempre– de defender que todos los sectores de la sociedad dispongan de armas de similar calibre a la hora de intentar hacer triunfar sus posiciones en la esfera política, y de que lo hagan sin subterfugios, sin esconder a la ciudadanía las propuestas planteadas. O sea, que lo hagan de forma distinta a como lo hace el sector referido. Y que acepten que si la mayoría de la sociedad está por parar, por mucho derecho que tengan a defender lo contrario, tendrán que asumir las medidas que se arbitren. Pero dejémonos de conspiraciones y aceptemos el derecho a tratar de influir en la toma de decisiones de quienes consideran positivo el crecimiento turístico. No magnifiquemos tampoco su poder, porque estamos hablando de una «operación a gran escala» que está punto de ser derrotada en toda regla. Y discutamos sus posiciones con la misma claridad que a ellos les exigimos, que en este terreno sí puede la Fundación darle a ese sector bastantes lecciones. De hecho, ha dado y da unas cuantas… y bien dadas.

PD: Sobre «la debilitación de los colectivos sociales», ¿qué decir? Quizá que ese parece uno de los objetivos más complicados de la operación, porque cuesta imaginar que pudiera incrementarse su debilidad.