¿Código ético o penal?
Francisco J. Chavanel
[Canarias Ahora, 30 de marzo de 2006]
Entre 1997 y 1998 la Fundación Pedro García Cabrera, de inspiración socialista, pero con todos sus componentes en la mesa definitiva pertenecientes a las distintas fuerzas políticas, se propuso sacar adelante un código ético que desactivara las enormes indicios que ya había entonces sobre la existencia de corrupción en la vida pública.
Mandaba en Canarias CC y el presidente autonómico era Manuel Hermoso. Se escuchaban algunos ecos lejanos de algo denominado Tindaya, cometarios sottovocce acerca de un tal caso Icfem y poco más. Faltaban meses y años para que saltaran a la luz pública ambos asuntos con la virulencia que conocemos, y faltaban también los estallidos de los casos Jinámar, Sintel y La Caja de Canarias, que convertirían Gran Canaria en una batalla campal, y en sospechosa la tarea del Ejecutivo. Lo de esta legislatura (casino, gas, Granadilla, potencia éolica, Faycán, Amorós, Domingo González Arroyo, Carmelo Vega, Las Teresitas) supera todos los récords imaginables.
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