Empresarios
Manuel Mederos
[Canarias7, 30 de abril de 2006]
Las elecciones a la cámaras de comercio han sido todo un símbolo de los últimos y extraños movimientos empresariales en Canarias. Sus disputas internas proporcionan elementos que ponen de relieve el papel que desde hace algunos años viene desempeñando la patronal en el devenir de la sociedad isleña. Tras largos años de recomposición del papel del empresariado canario, –diseñado desde dentro de las organizaciones políticas más intervencionistas en la economía y propiciada desde el gobierno de las islas–, el único fruto cosechado es la evidente interpenetración de los poderes institucionales y empresariales y la interdependencia de ambos, lo que debe impulsar a la patronal a abordar una reformulación de su papel al margen de la política local.
La incorporación de campañas, al más puro estilo americano en la que se llama al voto para determinadas candidaturas con publicidad incorporada, y los espectáculos proporcionados en las mesas electorales dan una idea aproximada de las luchas de poder que se han desencadenado para dominar una estructura empresarial con algunos privilegios, especialmente el de las relaciones con los gobierno de turno. Un presupuesto de seis millones de euros no explica por sí sólo la pasión que desde hace varios años ponen algunas familias empresariales para conseguir dominar los órganos de gobierno de las estructuras empresariales. Los efectos publicitarios de las elecciones a la cámara y el empeño por el poder en esta estructura han puesto de manifiesto, más que nunca, quién es quién en la patronal y sobre todo cómo, se ha ido gestando un procesos de disgregación y pérdida de credibilidad que pasa factura de manos del gobierno de turno. Las campañas y las candidaturas son un retrato fiel de la composición y situación de la representación del empresariado canario, de sus aspiraciones, muy alejadas de una visión más amplia de las necesidades canarias y de sus verdadera realidad económica y sociopolítica.
Mientras que los países más prósperos, en los que sus economías dependen cada vez más del sector privado como motor de su crecimiento, se intensifica el debate sobre la independencia empresarial y la selección de la mejor organización para que la empresa privada asuma esa responsabilidad en la sociedad, en Canarias el empresariado parece haberse empeñado en hacer depender aún más sus estructuras de los gobiernos de turno y han permitido que éstos transiten en sus propias organizaciones. En sentido contrario, muchos de los empresarios que buscan representatividad en sus propias organizaciones aparecen ante la opinión pública como buscadores de oportunidades de influencia sobre los políticos. Los acontecimientos recientes, especialmente las disputas de los empresarios de Las Palmas con el Gobierno en campañas sobre desequilibrios, solo lograron poner de manifiesto esta necesidad mutua de madrinazgo, que nace de la utilización por parte de la administración de la empresa privada para dar respuestas a los crecientes servicios públicos. Los empresarios no operan en el mercado libre, como sería deseable, sino en un mercado nuevamente intervenido por el aparato de la política local que ahora usa los recursos públicos privatizados para controlar a los empresarios y su capacidad de crear ruido en la sociedad local. El ruido de la campaña que ha puesto de manifiesto las luchas de poder entre los empresarios para el control de sus propios órganos, si bien tendría que ser democráticamente sanas, en el caso de Canarias no lo son porque sólo reflejan los desequilibrios entre los poderes que impulsan la sociedad, otorgando al gobierno y las empresas más oportunidades para abusar el sistema.
Los empresarios deberían estar más preocupados por liberalizar sus instituciones de las cargas políticas que acarrean, especialmente de los sistemas subsidiados, que son los que parecen más preocupar al nuevo empresariado canario, y que sus órganos defiendan sus intereses globales dentro del marco social, y no las subvenciones y los cada día más escasos recursos públicos. Las cámaras, que cuentan con abundantes y seguros ingresos de todos sus miembros, pueden evitar uno de los mayores peligros para la independencia y la integridad de cualquier organización empresarial: caer bajo el dominio del político de turno o el dominio financiero de las grandes empresas.