Derribos
Miguel Gallardo
Se levanta uno el lunes por la mañana y… surge la duda: ¿despierto, o aún soñando? La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural “ha decretado en Lanzarote 197 expedientes de derribo”. Leído en Diario de Lanzarote. ¿Ha cambiado el Gobierno? ¿Es el mismo gobierno que hace apenas un mes decretaba una amnistía para quienes habían construido donde les vino en gana? ¿Es el mismo cachondeo o es que esto va a cambiar y pretenden hacer algo respecto del desmadre urbanístico generalizado en el Archipiélago?
Como no han hecho nada durante los tres lustros que llevan gobernando, pues, la verdad, cuesta creerse que vayan a hacerlo ahora. Aunque parece que no, que no es que vayan a hacer algo, sino que se trata de la manida concienciación: “Un buen conocedor de esta problemática, el director de la Apmun, Pedro Gómez, asegura que la clave para erradicar este mal endémico es ‘crear conciencia’ entre la población de que ‘toda edificación ilegal se termina demoliendo’”. Pues la llevan clara. Porque la población tiene claro, tanto como ellos, que toda edificación ilegal en Canarias termina por consolidarse, que no se derriba prácticamente ni una.
En realidad, lo que la población tiene claro es que el Gobierno de Canarias ni respetará ni hará cumplir la Ley en el terreno urbanístico. Así ha sido hasta ahora, y cuesta creerse que vaya a cambiar de repente. Pero la excusa para que la legalidad no se cumpla y para las amnistías de cada legislatura es siempre la misma: los pobres pobres: “El espíritu de la ley [la amnistía] es evitar castigar a las personas que sufren la escasez de Viviendas de Protección Oficial (VPO)”. Todo por los pobres, que a la postre son los acusados de pasarse las normas urbanísticas por la entrepierna. Y el mismo periodista que redacta la noticia cae en la trampa populista: “El problema es que hay otros que se han saltado la ley porque no tenían un techo”.
Pues va a ser que no, que no son precisamente los pobres los que se dedican masivamente a construir viviendas ilegales por doquier, que lo de construir casas más parece cosa de ricos que de pobres. Pero, además, que la Ley está para cumplirla, se sea pobre o rico, y ya está bien de dobles raseros según nos convenga o según nuestras preferencias políticas o ideológicas. Y tampoco estaría mal que el político encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística empezara a vigilar a los mayores responsables de su incumplimiento, a los alcaldes.
Rosa Sánchez
6:05 pm · 12 Junio 2006
Pero si no tiran los hoteles construidos cuando no había nada al lado del parque natural de papagayo hace menos de diez años, ¿van a demoler las casas donde vive la gente que vota al alcalde de su municipio?
Plácido
6:20 pm · 12 Junio 2006
Obviamente no se trata de un problema de ricos y pobres, sino de caraduras masivamente apoyados por las adminstraciones públicas que lo han visto claro para estar por encima del bien y del mal. O, en este caso, de las leyes de la oferta y la demanda: hay poco suelo urbanizable, pues el suelo está caro, pues construyo donde me da la gana.
miguelito
4:56 pm · 13 Junio 2006
Al final esto acabará con todo el malpais reconvertido a muritos o recubriendo paredes de chaleses. Los volcanes llenos de urbanizaciones hasta arriba. Tres centrales térmicas más para cubrir toda la nueva demanda energética. Cuando no se pueda estar aquí, cuando no venga un maldito turista porque esto apeste por todos lados y no tengamos de qué vivir porque ya no habrá físicamente espacio para construir más, ese día nos tocará emigrar otra vez. Lo que pasa es que no creo que nos acojan muy bien esta vez. Y bien merecido que lo tendríamos.