La Opinión de Lanzarote

El archivo de Tindaya

9 de Septiembre de 2006 · (Medio ambiente)

José A. Alemán

[Canarias Ahora, 8 de septiembre]

El archivo del caso Tindaya no sorprendió a quienes contaban con cierta noción de lo que realmente había. Por algo desistió el Gobierno de la causa y se quitó de en medio el PSC, que se personó con entusiasmo e hizo mutis en cuanto vio que no había chicha. Quedó sola Ben Magec y su recurso contra la anterior resolución de archivo, ratificada ahora en todos sus extremos.

Para la Audiencia Provincial no hubo “maquinación fraudulenta alguna por parte de los querellados”; tampoco fraude, pues el Gobierno estaba al corriente de las actuaciones; ni falsedad, ya que “en modo alguno [se] concreta cuál es la falsedad y cuál el documento falseado”. Encima, no se produjo quebranto económico para la Hacienda autonómica, que nada tuvo que desembolsar. El bulo de los 3.000 millones desaparecidos pudo deberse a la confusión de lo que es un desembolso efectivo y lo que es un aval. Sí existió un aval del Gobierno, pero no tenía carácter solidario ni ha provocado reclamaciones al Ejecutivo por parte del banco que lo aceptó.

Uno, valgan verdades, no tiene esa mayor fe en la Justicia, pero sí motivos y algún asesoramiento en este caso para creer que el auto de la Audiencia se ajusta a los hechos. De todos modos, toca a los juristas discutirlo. Lo que aquí interesa es preguntarnos por la verdadera razón de tamaña carajera.

Interesa insistir en este punto que el caso Tindaya lo lanzó el anterior Gobierno nacionalista con un objetivo político: echarle arriba un viaje de brosa a don Olarte para acabar de enterrarlo. Un objetivo buscado sin medir las consecuencias a medio plazo porque la práctica política se rige por el principio de que arree quien venga detrás. Tindaya es paradigma de tan indecente forma de actuar.

Como saben, se provocó enorme alarma social con terribles “efectos colaterales” para las personas, las familias, la imagen social y la estabilidad psicológica y económica de los empresarios y ejecutivos a los que se les ha hecho vivir un calvario. No creo que renuncien a un resarcimiento ni que pueda reprochárseles que lo exijan, por más que será un buen palo para las arcas autonómicas.

Sin embargo, no afectará a quienes desde sus cargos crearon el caso con propósitos políticos puntuales e inmediatos. A sabiendas, claro, de que nunca se les exigirían responsabilidades y mucho menos el pago de la factura, que recaerá sobre los mismos de siempre. Esta es otra forma de manifestarse la impunidad política. Ni un tirón de orejas, oye.

Sin olvidar lo que puede suponer para el movimiento ecologista el descalabro de Ben Magec. No sería bueno que desapareciera. Otro “efecto colateral” muy negativo para la sociedad civil muy necesitadas de contrapoderes de acción y de opinión. Asuntos como el de Tindaya no ocurren en vano y siempre traen malas consecuencias para todos.