La Opinión de Lanzarote

El Castillo de San José, una víctima colateral

12 de Septiembre de 2006 · (Arrecife)

Manuel Riveiro

[Diario de Lanzarote, 11 de septiembre de 2006]

Empieza a declinar la calurosa tarde de este domingo de septiembre y P. se toma un refresco con mucho hielo en el restaurante que ocupa lo que en tiempos fue cuartel preparado para dar cabida a 500 soldados, formando con el Castillo de San Gabriel, que existe desde la segunda mitad del siglo XVI, la defensa del litoral de Arrecife. Desplomado sobre el sillón de cuero negro, de espaldas al muelle de Los Mármoles, trata de sobrellevar lo mejor que puede la horrible resaca que le taladra la cabeza.

P. no les escucha –menos mal– pero a unos pocos cientos metros de allí, decenas de jóvenes sudamericanos se resisten a dar por concluida la jornada en la playa de la Arena. En unos meses o en unos años o cuando a la Autoridad Portuaria de Las Palmas le dé la gana, ejecutará la ampliación en 38.329 metros cuadrados del Área de Almacenaje y Logística (AN1) prevista en el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Arrecife [1]. Esto es, que a base de rellenos en dirección a la nuca de P., la plataforma de contenedores ocupará 38.329 metros cuadrados más que en la actualidad.

Esta agresión al entorno del castillo, reconvertido en la década de los setenta del pasado siglo por César Manrique en Museo Internacional de Arte Contemporáneo, obtuvo el visto bueno irresponsable de los que mandan en el Ayuntamiento capitalino, que han venido desde entonces –viernes 21 de julio– justificando por turnos y solidariamente su error. Cuando no es María Isabel Déniz la que dice aquello de que “se han rebajado en un 40 por ciento los rellenos previstos” es la amnésica Nuria Cabrera quien olvida que menos de un año antes exigía que la terminal de contenedores se trasladase “a la bahía situada detrás del muelle de Los Mármoles”. Y así nos va.

A la que fue conocida como ‘Fortaleza del Hambre’ sólo le quedaba una oportunidad: la delimitación de su área de influencia o de protección. Un procedimiento que se inició en 1999 y que ha pasado por avatares que merecerían un repaso específico [2]. Nos quedamos, por ello, con los últimos acontecimientos. Cuando parecía que en la sesión del Consejo de Gobierno del 1 de agosto se iban a culminar los trámites, Inés Rojas recibe unas desesperadas alegaciones de Puertos de Las Palmas rogándole una revisión del criterio que ha guiado la acción del Cabildo [3]. Vamos, que lo que le piden es que el perímetro de protección del Castillo de San José se reduzca a la mínima expresión para no tener que volver a someterse al dictamen de nadie [4], en este caso de la Corporación insular, cuando se les antojase empezar a rellenar a unas brazadas de donde este domingo aquel adolescente colombiano se hace el ahogado, reclamando el auxilio de sus colegas.

Desde que la presidenta del Cabildo cometiese una de sus habituales torpezas, al solicitar a Adán Martín que no le diese el plácet al Castillo de San José, ha pasado más de un mes sin una notificación oficial del Gobierno de Canarias que echarnos a la boca. Sin embargo, todos los implicados -desde Inés Rojas al gubernamental Manuel Fajardo Feo- juran que existe un problema insalvable que impidió la aprobación del área de influencia de la fortaleza: no transcurrió el suficiente tiempo –tres años– desde la caducidad del primer expediente al no ser el Cabildo el propietario de todos los terrenos incluidos en el entorno de protección [5]. Excusas. Con seguridad haya un informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo autónomo que avale esta tesis, pero los dictámenes a la carta no deben cubrir las espaldas a quienes se niegan a proteger el patrimonio y la memoria de la Isla, que son los mismos que hace tiempo dimitieron de su obligación de tutelar un proceso de participación social del que salga el diseño de la ciudad.

En los últimos meses de 2005, una veintena de partidos políticos, organizaciones sociales y empresariales se pronunciaron sobre el futuro desarrollo del puerto. Sus ideas no fueron tenidas prácticamente en cuenta, por mucho que se diga lo contrario. Entre las propuestas, era coincidente la que significaba trasladar la plataforma de contenedores hacia la lógica zona de expansión portuaria, la trasera de Los Mármoles. Se evitaría así una solución cortoplacista y evidentemente negativa como la ampliación de la actual terminal. Entre otras cosas, para que a P., ahora que se le derrite el último cubito de hielo en el mar burbujeante de su vaso, no le dé vergüenza mirar de frente al horizonte.

Notas:

[5] El supuesto criterio del Gobierno canario colisiona con el del Cabildo en 2003. En la resolución firmada por Enrique Pérez Parrilla se subraya que “podrá incoarse de nuevo un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural transcurridos tres años desde su caducidad o a instancia del propio titular del bien”. Y añade: “El Castillo de San José es propiedad de este Cabildo Insular”.