No cabe ni una más
Jorge Marsá
No se refería a las plazas turísticas –que les caben unos cuantos miles más cada año– el director general de comercio del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera, cuando declaraba la semana pasada que el Ejecutivo “no se plantea la concesión de más licencias a grandes superficies porque estamos a tope y no cabe ni una más”. El Gobierno se aviene a las peticiones de la Confederación Regional de Comercio de Canarias y deja claro que regulará el sector en su favor.
Soy de los que piensan que funciona mucho mejor el mercado regulado que el que se deja exclusivamente en manos de las fuerzas dominantes del mercado. De hecho, y pese a los delirios neoliberales, no existe en ninguna parte un mercado sin ninguna regulación –la selva no es un ecosistema favorable ni para los empresarios–. Y la primera razón por la que se comenzó a reglamentar el mercado fue para evitar la lógica tendencia empresarial hacia el monopolio, es decir, regulación y políticas antimonopolistas vinieron a resultar sinónimos. En resumen, el mercado se regulaba para defender la libre competencia entre empresas, se limitaba la libertad de unos pocos para salvaguardar la de casi todos.
Y ese es uno de los motivos entre los dos que esgrime Arturo Cabrera para justificar la política del Gobierno: “proteger al pequeño y mediano comerciante e incentivar la competencia para beneficiar al consumidor final”. Como se ve, declaración cosmética que guarda escasa relación con la realidad.
Es cierto que se trata de proteger a empresarios locales, pero a los que poco tienen de pequeños o medianos. De lo que se trata no es de evitar las grandes superficies en Canarias, sino de librar a las empresas canarias que poseen grandes superficies comerciales de la competencia de las foráneas. Así que aquí se regula precisamente para evitar la competencia entre empresas, que suele beneficiar al consumidor final, para salvaguardar los intereses de los empresarios locales que tanto y tan bien contribuyen a sostener a los partidos que se encargan de la regulación del mercado.
Tenemos experiencia sobrada en Lanzarote sobre cómo se las gastan los empresarios comerciales de la Isla ante lo que consideran la amenaza de las grandes superficies que no son las suyas. El comportamiento es conocido, y que ni pintadas vienen las palabras con las que Mario Alberto Perdomo se refería la semana pasada al ideario del poder económico insular:
Su ideario se traduce, por razones obvias, en la profundización de la descentralización política, ya que cuanto más poder se encuentre en manos de las instituciones públicas locales, mayor capacidad de influencia tendrá a la hora de orientar decisiones políticas de trascendencia, sobre todo en los ámbitos territorial y urbanístico, y que habitualmente coinciden con la buena marcha de sus negocios. Por eso, siempre ha jugado a nacional-insularismo: neocaciquismo contemporáneo.
Estoy completamente de acuerdo. Y a ello se dedican los empresarios comerciales lanzaroteños desde hace tiempo con notable éxito: a cerrar la Isla a la competencia para mantener su posición privilegiada. Y tratan de quedarse con la llave de todos los resortes que consideran claves: el control de las grandes superficies, cámara de comercio propia, el control del puerto de Arrecife, determinar el Plan General de la ciudad… En suma, el “nacional-insularismo o neocaciquismo contemporáneo” del que hablaba Mario Alberto Perdomo.
Claro que, según nos cuentan, todo lo hacen por Lanzarote, y cuanto más insularismo, mejor para todos. Y durante un tiempo la mayoría así lo ha creído. Sin embargo, con el paso del tiempo, hay quién comienza a preguntarse qué ganan los consumidores apoyando el insularismo empresarial, ayudándoles a evitar la libre competencia entre las empresas. Renunciando a las tiendas de “descuento duro [que] no entrarán en Canarias”, porque así nos lo dice el Gobierno, o a supermercados de precio duro como los de El Corte Inglés. Porque, por el momento, lo que queda claro es que, ante la ausencia de competencia externa, el funcionamiento del gran comercio insular deja mucho que desear; al menos para los clientes, porque es de imaginar que a los empresarios les debe ir de fábula.
Madredeu
12:46 pm · 18 Octubre 2006
A mayor insularismo, en el aspecto comercial, peor para el consumidor. Nos tragamos sus productos a precios de primera calidad siendo de segunda, vivimos en un primer mundo sólo en relación al precio que se paga y luego vamos a los mercados de Barcelona o Madrid y alucinamos con la calidad y los precios,donde se paga menos por cosas mejores. ¿Cómo se hace un imperio vendiendo alimentación, si se ha tenido precios justos?. No es posible. Eso significa, que los que se han hecho el imperio no han jugado muy limpio. Por mí, puede entrar la competencia mañana mismo, y que no me hablesn de puestos de trabajo ni gaitas, dado que los empleados serán de aquí, igual de mal pagados, pero los consumidores obtendremos algún beneficio.
Carmen Delgado
3:45 pm · 18 Octubre 2006
Si tiene cara Mario Alberto Perdomo para decir eso y quedarse tan ancho, si es que ya es como los empresarios que le contratan y no le queda nada de cuando se oponía a los depredadores de Lanzarote.
Yasmine Juárez
4:48 pm · 18 Octubre 2006
¡Con la ilusión que me hacía llenar un carro de la compra por 50 €!
El interés del trabajador normalito, de ese del que vive la gran superficie, de ese que sirve platos suculentos que nunca podrá pagar … es decir del currante, no le importa a nadie. Muchos somos inmigrantes y con el derecho adquirido de tener para comer no exigimos más.
Estamos agradecidos al a isla por habernos acogido. A ella le debemos poder comer, vivir sin temor a salir a la calle y poder criar a nuestros hijos con salud. Por ello no nos sentimos con derecho a reclamar precios justos. Pero: ¡qué bueno sería poder llenar el carro por 50€!
qwerty
5:51 pm · 18 Octubre 2006
Pero no podemos pensar sólo en nosotros mismos y en el precio del carro de la compra, sino que hayque pensar en el interés de Lanzarote que es el interés de los empresarios que son nuestros mejores dirigentes.
Miguel H.
6:03 pm · 18 Octubre 2006
Aunque sea manifiesto el escaso apego que Jorge tiene por lo religioso, según ha dejado claro en más de una ocasión por aquí, debo decir que en mi opinión, y en este asunto en concreto, tiene más razón que un santo. Como razón tenía Mario Alberto en aquella apreciación. Lo que pasa es que ese neocaciquismo no es exclusiva de quienes pertenecen a un bando u otro, porque bandos haylos, y su mera existencia contaminan el debate, porque no dejan ver el problema de fondo que subyace. Y ese problema no es otro sino el que Jorge señala. En la práctica el proteccionismo insular se traduce en un monopolio del que los últimos beneficiados son los consumidores.
uno mas
6:33 pm · 18 Octubre 2006
Es verdad que tiene razón Marsá en que los consumidores son los perjudicados, y también los que dicen que Mario Alberto Perdomo es el menos indicado para escribir eso porque se dedica a defender a los empresarios en lugar de al pueblo.