La Opinión de Lanzarote

Ramón Trujillo

[Coordinador de Izquierda Unida Canaria en Tenerife]

[Canarias 7, 22 de febrero de 2007]

El fenómeno de la corrupción es tan importante que algunos economistas han propuesto el cálculo del Producto Criminal Bruto, para determinar la cuantía global de las prácticas ilícitas. Se trataría de establecer el volumen de la actividad económica delictiva y el valor de los actos económicos inmorales. Entre los segundos habría que incluir, por ejemplo, el préstamo al Estado de dinero, que debiera pagarse en concepto de impuestos, para luego recuperarlo gracias a los recursos fiscales de otros contribuyentes. En Canarias, esto último se llama invertir RIC en deuda pública.

El punto de partida para abordar el fenómeno de la corrupción se halla en la constatación de la aceptación social de que goza. La trayectoria del político lanzaroteño Dimas Martín ejemplifica la realidad de la corrupción como virtud pública. En 1993, siendo alcalde de Teguise, fue condenado por aceptar dinero de un vecino para autorizar obras en su propiedad. Cinco años más tarde, fue encarcelado por desobedecer a Costas y proceder al derribo del bañadero de Guatiza, pero, sin embargo, fue indultado por el Consejo de Ministros. En 2003, fue elegido parlamentario regional y, con los apoyos de Coalición Canaria y el Partido Popular, se convirtió en presidente del Cabildo lanzaroteño, pese a la condena por la compra de un concejal que provocaría su posterior ingreso en prisión. Ni los votantes de Dimas Martín, ni los partidos que lo apoyaron para presidir el Cabildo, consideraron que el hecho de haber comprado a un concejal debiera haberle privado de tales apoyos. Hoy Dimas ha vuelto a la cárcel por otro episodio delictivo.

En noviembre de 2003, vemos al consejero de Hacienda del gobierno de Canarias escuchando las críticas que hace un parlamentario de la oposición al fraude en las subvenciones del REA, las ayudas para abaratar algunos productos básicos en Canarias. El consejero no niega el fraude, pero sí lamenta que la denuncia se haga ante unos periodistas a los que dice: “a ustedes les leen más en Bruselas que aquí y ese tipo de denuncias estuvieron a punto de hacernos perder a finales del año pasado el 50% del REA”. Es decir, se asume que es peor que el dinero del REA vaya, por ejemplo, a la sanidad alemana que al bolsillo de un canario corrupto. Posteriormente, en 2005, Hacienda anunciaría que se habían defraudado más de siete millones de euros al REA.

Mucha gente percibe la Buena Corrupción como creadora de riqueza. Jesús Gil y sus apóstoles predicaron la buena nueva de la Corrupción Infinita, que multiplica los ladrillos, los empleos y los euros. La corrupción entendida como creadora de riqueza y no como acaparadora de la riqueza que se crea. Y así, en buena lógica predemocrática, el reparto de la riqueza no procede de la aplicación de leyes iguales para todos, sino de dádivas distintas para todos, emanadas de la Autoridad soberana.

Hay mucha gente que llamaría a la policía al observar cómo le roban la cartera a un vecino descuidado. Pero votarán a quien es capaz de robar simultáneamente las carteras de 200.000 vecinos descuidados. Así, quien roba una cartera será objeto de reprobación moral y legal. Pero, si logra robar 200.000 carteras a la vez, podrá llegar a dar su nombre a alguna calle.

Llegados a este punto debemos preguntarnos qué es la corrupción. En mi opinión, el término corrupción debiera englobar a todos los actos que instrumentalizan a las instituciones públicas para acaparar más riqueza de la que se considera moralmente aceptable. Hay formas de corrupción que son delito. Pero hay actos corruptos que no son delito y creo que, a la larga, son los más perjudiciales. A fin de cuentas, ¿por qué delinquir si es posible cambiar las leyes influyendo en campañas electorales y mediante estrategias mediáticas? Si es posible convertir en ley lo que debiera ser delito, ¿por qué arriesgarse a ir a la cárcel?

El denominado caso eólico ejemplifica esto. La privatización de la energía eléctrica de origen eólico no es delito, es decir, privar a la sociedad de recursos económicos que podían mejorarla y conceder esos recursos a los sectores adinerados es lo que prescribe la ley. Así pues, el posible delito no consistiría en que una minoría confisque un sector de la riqueza pública, sino en que ciertas personas violen las leyes de confiscación de la riqueza pública.

La corrupción es más o menos aceptada por amplios sectores de la sociedad, a causa de la ausencia de rechazo moral a las grandes desigualdades económicas. Si aceptamos ganar más y más, aunque haya gente que no satisfaga sus necesidades básicas, el valor moral de la finalidad social de la riqueza se debilita. Y, si no existe la exigencia moral de subordinar la riqueza a la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía, está claro que el enriquecimiento ilimitado, por obsceno que sea, no estará mal visto. Y, por lo tanto, la corrupción será considerada algo más o menos normal. Si aceptamos acaparar riqueza ilimitadamente, si apenas afirmamos la finalidad social de los recursos, la corrupción será una transgresión moral mínima.

De hecho, son las sociedades más igualitarias del mundo las que tienen menos corrupción. Y ello es lógico puesto que, si se considera que la riqueza debe satisfacer las necesidades mínimas de la colectividad, las medidas que desvían los recursos comunes a los adinerados, transgreden el valor moral que propugna destinar la riqueza colectiva al bienestar general.

La corrupción es un condimento inevitable de la cultura política de la desigualdad. Estoy seguro de que hay corruptos que afirman que obran bien y que el polígrafo indicaría que dicen la verdad. Por ello, creo que los peatones de la Historia debiéramos comprometernos con el desafío secular de la izquierda: la lucha por la igualdad económica. La equidad genera obstáculos morales estructurales a la corrupción y tiende a erradicar sus causas. La lucha democrática contra la corrupción debe tener un frente judicial y otro político si se quiere acabar con ella.