La Opinión de Lanzarote

Mordazas

3 de Julio de 2006 · (Cultura)

Antonio Álvarez de la Rosa

[La Opinión de Tenerife, 2 de julio de 2006]

Uno de los efectos colaterales de la ancha y larga permanencia en el poder es que a sus ocupantes acaban saliéndole tentáculos. Atenazan y estrangulan a quien se mueva en contra de sus intereses, incluso acogotan a los que no pueden hacerles daño, dada la poquedad de sus fuerzas. Es, en el fondo, una deriva del absolutismo, solo que ahora maquillado por las urnas. Es la tentación natural de quien acaba creyéndose que la sociedad, gobernada gracias a la elección democrática, es como un coto privado: cualquier rincón, árbol, arbusto o matojo debe estar sometido a su control y, una vez comprobado el sometimiento del medianero, regado, abonado o deshidratado. Desde que se consolidó nuestro esqueleto democrático, tanto la izquierda como la derecha gobernantes, han tratado, por ejemplo, de amordazar, manipular o modular la cultura, la grandilocuente, la proclamada a bombo y platillo, o la que se organiza, practica y difunde desde la red cívica de nuestro país.

Ha ocurrido en toda España, en todas las comunidades, se vistan del color ideológico que se vistan. Hasta los cantantes en las fiestas veraniegas han tenido que pasar por el filtro del comisario político de turno. Convencidos de que, aun siendo minoritaria, la cultura es un roedor que puede minar los cimientos del poder, casi todos los representantes políticos –cultos, analfabetos funcionales o ni lo uno ni lo otro– han sucumbido a la tentación de intervenir, es decir, de vigilar y limitar las ideas. En España seguimos teniendo un déficit democrático considerable. Nos falta, de verdad y sin retóricas al uso, aceptar que la riqueza de la libertad de expresión –nada que ver con la pobreza del insulto, con la miseria de la calumnia– es un bien absolutamente necesario que, dada su fragilidad, es necesario proteger. En su conjunto, la sociedad española es moderna, dinámica, fresca, con más sentido común del que, en muchas ocasiones, estamos dispuestos a reconocer. Sin embargo, desde el ejercicio del poder, de cualquier poder, no emana el respeto por las ideas del otro. Es como si, desde esa atalaya vigilante, la comunidad se dividiera en dos facciones irreconciliables: los adeptos, incluso adictos, y los enemigos. Debido a ese maniqueísmo, los que pretendemos ser críticos –equivocándonos y acertando–, es decir, los que procuramos, desde el razonamiento y el respeto personal e institucional, determinar el valor o la calidad de nuestro entorno político, estamos abocados a un permanente fuera de juego.

En España, decía, existe ese déficit democrático que se va plasmando a diario en grandes y pequeñas decisiones, desde los ámbitos nacionales hasta los municipales. En el fondo, nos ocurre lo mismo que, dicen, se hacía en la Venezuela de los años 60 cuando, tras las elecciones, la victoria de uno u otro partido significaba cambiar incluso a los conserjes de los ministerios. Por aquello de la incompatibilidad partidista, desde hace unos años, allá, acullá y, por supuesto, aquí se echa al director de un Museo, de un Teatro o de una Biblioteca nacionales y municipales, se apoya a una galería de arte según su capacidad de pleitesía, lo hayan hecho bien o no sus responsables, sean o no los mejores para esos puestos. Se aprietan las clavijas presupuestarias a una Institución, se le recuerda a sus dirigentes quién posee la llave patrocinadora, solo porque personas afines a ella han criticado, por ejemplo, la actuación de un Ayuntamiento respecto a su Banda de música o el raquitismo de los espacios culturales en una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Se conmemora el centenario de una Institución, profundamente enraizada en la sociedad, escenario cívico que ha contribuido a cimentar nuestro desarrollo, y se le conceden limosnas para evitar que, al menos durante el año conmemorativo, tenga el merecido protagonismo. El castrante juego de conmigo o contra mí mantiene en vilo a los responsables de centros culturales. Para no poner en peligro su continuidad, se autocensuran o acatan los diktat, o sea, las imposiciones de quienes tienen la sartén de las subvenciones por el mango político.

Queda todavía mucho mar democrático por recorrer para conseguir que el poder respalde, entre otras cosas, la red de organizaciones cívicas que crean y difunden la cultura sin ningún tipo de cortapisa, salvo las contempladas en el código Penal, que lo haga solo en función de la calidad que se ofrece (Medición difícil, dicho sea de paso, porque ¿cómo se evalúa lo que no se conoce?). Quedan galaxias por recorrer para que la ciudadanía –no solo la española– considere que nuestro panorama cultural es un problema y que la cultura no es una mercancía más, manipulada mundialmente por los Berlusconi, Endemol o Murdoch, el nuevo patrón de José María Aznar. Falta mucho para que consideremos que los bienes culturales son como el pan, bienes de primera necesidad. Sin embargo, pagamos un 16% de IVA al adquirir un CD de Beethoven y solo un 7% si comemos en Arzak. En medio de este paisaje parece necesario reforzar la resistencia cultural, apostar por la autonomía y la innovación de los creadores, por el enfoque crítico sobre la múltiple realidad que nos rodea. Todo, menos el sometimiento a lo que emana desde los centros de poder, como ocurre, por ejemplo, en estas islas tan nuestras y, sobre todo, tan suyas.