La Opinión de Lanzarote

La neutralidad política de militares, jueces y magistrados

10 de Octubre de 2006 · (Política)

Rafael Moreno-Tapia Rodríguez

[La Provincia, 9 de octubre de 2006]

Es incomprensible que, en plena democracia, el Poder Legislativo, representante político de todos los ciudadanos, consienta que existan leyes que burlan la Constitución permitiendo que muchos jueces y magistrados tomen partido en la actividad política, con la misma impertinencia con que lo hacían, en plena dictadura, los militares. Éstos aceptaron, de buen modo, la neutralidad que les imponen las leyes dictadas por el Poder Legislativo, pero que no les impone la Constitución; aquellos obvian la neutralidad, que les exige la Constitución, por medio de leyes, dictadas también por el mismo Poder Legislativo, aparentemente inconstitucionales.

El Artículo 22 de la Constitución reconoce el derecho de asociación, sin que en su contenido exista limitación alguna para los militares y los jueces. El Artículo 28 reconoce el derecho de “todos” a sindicarse libremente, autorizando que por medio de una ley se limite o exceptúe del ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas. Y en su Artículo 127 prohíbe, taxativamente, que los jueces y magistrados, mientras de hallen en activo, pertenezcan a partidos políticos y sindicatos.

Es decir, la Constitución, la norma fundamental del Estado, no prohíbe que los militares pertenezcan a partidos políticos, ni que puedan asociarse, ni remite a una ley para que le sean limitados estos derechos. Esta misma norma fundamental sí prohíbe pertenecer a partidos políticos a los jueces y magistrados, y remite su sistema asociativo a una ley. Por lo tanto la Constitución exige neutralidad política a los jueces y magistrados y no se la exige a los militares.

Sin embargo, a quienes la Constitución no les exige neutralidad política, a los militares, se les impone por una ley (Artículo 182 de las Reales Ordenanzas Militares) preconstitucional, a la que remite, inconstitucionalmente, el Artículo 3,c) de la Ley Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación, y se les castiga, si no mantienen la neutralidad, de acuerdo con sus leyes penales y disciplinarias, como hemos tenido repetidas noticias recientemente. Y, a quienes la Constitución les exige neutralidad política, los jueces y magistrados, se les facilita soslayar la prohibición por medio de “sus normas especificas para el ejercicio del derecho de asociación”, a donde nos remite el Artículo 3,d) de la citada Ley Orgánica de Asociaciones; normas que se contienen en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial que permiten un régimen asociativo que autoriza a crear asociaciones que actúan como la onda expansiva de los partidos políticos. Los jueces y magistrados se afilian a una asociación y ésta actúa como un partido político, obviando así la neutralidad que les exige la Constitución.

La exigencia de dicha neutralidad no es caprichosa, se basa, fundamentalmente, en la especial posición de los militares y de los jueces y magistrados en un Estado de Derecho.

Pues bien, de la misma forma que se prohibió que los militares tomasen partido en la actividad política, hay que eliminar que los jueces y magistrados lo hagan por medio de sus asociaciones. Hay que exigirles la neutralidad que la Constitución establece. Ésta, y no otra, es la fórmula magistral que evitará la vergüenza que nos produce a los ciudadanos las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial y las Asociaciones de Jueces y Magistrados. Y esta fórmula está en las manos de todos los demócratas, de cualquier signo político, que representan a los ciudadanos en las Cortes Generales: modificación urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, sin temor y con valentía, en defensa de la democracia que tantos años hemos añorado.

Aviso para navegantes: los miserables que quieren exterminarla son los herederos, ideológicos, de quienes lo hicieron en 1936.