De campañas
Carmen Merino
[Canarias 7, 12 de octubre de 2006]
En términos generales, soy partidaria de que se prohíban por ley las denominadas campañas institucionales. Las tomaduras de pelo me ponen de mal humor y dudo mucho, infinidad, de que una megacampaña anunciando la puesta en marcha de, por ejemplo, un plan de empleo sirva en algo al único objetivo ético del dinero público, que es el bien común.
En el caso del ejemplo se trataría de facilitar a la población la formación para el empleo. Y no me parece lícito que la financiación presupuestada para tal fin se desvíe ni en una mínima parte a que el partido en el poder haga su propia campaña política de forma encubierta. Dirán ustedes que con el despelote que se produjo durante determinada etapa en el Icfem mi preocupación se fija en un aspecto muy diminuto. Pero no estén tan seguros. Precisamente por no reparar con rigurosidad sobre el destino de todas y cada de las entonces pesetas dedicadas en teoría a la formación es por lo que un ramillete de cargos públicos se sentará en breve en el banquillo. Y mucho que me alegro si es para bien del interés general, que es al que se deben con diligencia y esmero.
Citaba un ejemplo, pero los hay a montones. Es más. Doy fe de que determinados departamentos del Gobierno de cuyo nombre no quiero acordarme no hacen prácticamente nada en todo el año salvo imaginar campañas de autopromoción política para gastar el dinero que tienen presupuestado antes de que haya que cerrar el ejercicio presupuestario y no sólo pierdan la posibilidad de malgastarlo, sino que además se arriesguen a recibir menos el próximo año.
Es cierto que hay que comunicar a los ciudadanos aquellas acciones del Gobierno que exigen previa solicitud para poderlas disfrutar, pero hay fórmulas mucho menos costosas y eficaces de hacerlo que recurrir a la publicidad al uso. ¿O hay que pintar el culo de una guagua con la parafernalia gráfica al uso –un recurso nada barato, por cierto– para que el que busca formarse se entere de que existen posibilidades públicas de las que puede beneficiarse? Les aseguro que no. Más utilidad tendría el utilizar recursos tan extraordinarios para advertir a la población de un corte de suministro de agua o eléctrico o de los incidentes en las carreteras. Y aun así sería exagerado e injustificable el despilfarro.
Que las agencias de publicidad tengan derecho a ganarse la vida no es suficiente razón para comprometer los recursos públicos, que en ocasiones esperan ver caer como el agua de mayo o los procesos electorales. Incluso hay ocasiones –no demasiadas– en las que sus servicios resultan absolutamente necesarios para el buen fin de un objetivo relacionado con el interés general. Es el caso de campañas como la emprendida por la Consejería de Industria para conseguir un buen uso de la energía doméstica y lograr así un ahorro significativo de este tipo de materias primas. Más todavía. Si la campaña funciona, los responsables de esa Consejería obtendrán un merecido reconocimiento hasta sin proponérselo.
chapapote
11:24 am · 14 Octubre 2006
Pues va ser que sí, que tiene razón Carmen Merino.