Dar con la corrupción
Editorial
[Canarias Ahora, 23 de octubre de 2006]
Desde hace algunos años, este periódico ha venido denunciando públicamente la existencia de corrupción en algunos ámbitos de lo público en Canarias. Lo hemos hecho con un enorme desgaste y en medio del clamoroso silencio de los restantes medios de comunicación y de diversos sectores conocedores de que lo que denunciábamos era cierto.
No lo hemos hecho por considerarnos héroes ni por tratar de llamar la atención con extravagancias ajenas al normal funcionamiento de un medio de comunicación dentro de una sociedad moderna como la nuestra. Lo hemos hecho porque así figura en nuestros principios editoriales desde hace seis años y en los que se adjudica a la corrupción tolerancia cero.
Hemos reiterado de forma difícil de malinterpretar que tras esa denuncia pública y crítica contra la corrupción anida una motivación moral y una necesidad social porque los países del contexto de economía global en que nos movemos se enfrentan siempre a una primera clasificación derivada del nivel de corrupción que soportan. Si la corrupción arraiga, el país entra en un estado de deterioro producto de la inseguridad y la falta de valores ciudadanos de consecuencias fatales.
Por denunciar tantas veces el estado de corrupción vigente en Canarias nos han pasado un catálogo de episodios de los que habrá mucho tiempo para hablar. Pero ahora nos preocupa una necesidad de desmitificar o de aclarar cuestiones para que el ciudadano esté informado.
Canarias ha vivido y quizás aún vive estados de corrupción de los que las investigaciones abiertas por la Operación Eolo y la Operación Faycán constituyen sólo unos botones de muestra a nuestro juicio de segundo nivel. Insoportables ambos casos, pero de segundo nivel.
Tanto en un caso como en el otro, y por lo que se sabe hasta la fecha, nos encontramos con la presunta comisión de delitos en los que el montante de las cantidades exigidas y cobradas, así como el calado político de los implicados son de un alcance limitado.
Fuera de Eolo y de Faycán, las investigaciones que más páginas y espacios informativos ocupan, hay otra corrupción ejercida por personas de mayor talento al servicio del mal que, por el momento, se sitúan en un lugar inalcanzable para el brazo de la Justicia. Ninguna de las dos operaciones en presencia alcanza comisiones ilegales de dos, tres y hasta cuatro millones de euros por un favor, por una obra, por una recalificación o por la compra de un inmueble.
Son casos pendientes de aclarar, algunos de los cuales ya se los hemos trasladado desde este periódico a nuestros lectores, sin que conozcamos reacción alguna de los órganos jurisdiccionales competentes.
Y dicho esto bajo el aval de nuestro compromiso y de nuestra credibilidad, les acercamos otra afirmación destinada a tutti cuanti: corre el rumor de que esta especie de catarsis está patrocinada por el Ministerio de Justicia, que habría iniciado así una especie de Operación Manos Limpias conducente a destapar toda la corrupción del país. Nada más lejano a la realidad. Quien eso afirme ni conoce al titular de ese departamento ni conoce las funciones del cargo que ostenta.
Todos los casos de corrupción que se están investigando en Canarias responden a denuncias interpuestas por particulares, bien ante la Fiscalía o bien ante la Policía. Si hubiera una instrucción del Fiscal General del Estado sabríamos de actuaciones de oficio, y de momento éstas brillan lamentablemente por su ausencia.
Ante esta eclosión de investigaciones, lo que sí cabe preguntarse es qué pasaba años atrás, cuando gobernaba el Partido Popular: ¿es que no existieron denuncias o es que las que hubo sencillamente no fueron investigadas? Porque al igual que ocurre ahora, descartamos por completo la investigación de oficio tras la lectura de un documentado reportaje periodístico o ante la evidente impunidad con que actúan algunos cargos públicos locales.
Es la existencia de medios de comunicación como este lo que en gran medida ha contribuido precisamente a acabar con la impunidad que un sistema en cierta medida corrupto ha propiciado para las personas más indeseables que se han instalado en el poder. Ese sistema y sus dirigentes corruptos han tratado de callarnos por los mecanismos más antidemocráticos jamás imaginados y han intentado minar nuestra credibilidad con las más perversas artimañas.
Hacemos votos por que las herramientas del Estado de Derecho acaben funcionando y que la Justicia termine dando con los grandes corruptos que, a día de hoy, aún se creen intocables.
Pedro G
9:47 am · 24 Octubre 2006
Pues sí, las herramientas del Estado de derecho y la Justicia, porque de eso se trata, de una cuestión política y no moral, como se dice al principio del artículo. La moralidad para indignarse y poco más, la política para actuar y corregir lo que no funciona. En realidad, cuando se recurre a la ética y a la moral es cuando la política ha dejado de cumplir con su obligación.
Miguel H.
5:08 pm · 24 Octubre 2006
Pues a mí me parece que es justo al revés. Desvincular la política de la ética es lo que ha hecho que la política deje de cumplir su obligación.
En primer lugar tendríamos que distinguir moral y ética, porque son dos cosas diferentes, aunque tengan que ver con lo mismo. Lá etica es la reflexión teórica en torno a una serie de comportamientos propiamente humanos y que tienen que ver con la capacidad para afrontar situaciones de una forma no meramente instintiva.
Supongo que lo que sugiere Pedro es que la ley debería contemplar absolutamente todas las situaciones en las que las personas pudieran cometer actos que atentaran contra las libertades o derechos ajenos y dejarnos de más zarandajas. Pero es que eso equivale a considerar que las personas podremos algún día llegar a ser máquinas autómatas, programadas de tal modo, mediante leyes inflexibles y de estricto cumplimiento, que no podamos cometer los actos que los legisladores de turno consideren anticívicos. Porque esa es otra ¿acaso ignora Pedro que cualquier código legal se sustenta sobre una base deontológica, sobre una forma de entender el mundo y la relación entre las personas?
¿Cómo podemos hablar de separar la moral y la política? Otra cosa es que Pedro llame moral y ética, metiendo ambos conceptos en un mismo saco, a lo que el franquismo y en general las distintas religiones monoteístas nos acostumbraron, es decir, una particular concepción de como tenemos que ser y comportarnos los seres humanos. Esa no es más que una forma muy primitiva de considerar estas cuestiones.
Hoy en día, la reflexión ética moderna no es para nada normativa, ya no aspira a establecer dogmas diciendo lo que puede ser el bien o el mal universales, sino que trata de estudiar como nos comportamos moralmente en las distintas situaciones o circunstancias, sin entrar en juicios de valor. Esta reflexión no es ya necesaria, sino imprescindible, si queremos aspirar a que nuestros actos no se conviertan en meros imperativos legales.
Un político sin el menor conocimiento ético es un individuo absolutamente perdido en medio de su poder. Jamás podremos hacer suficientes leyes, ni podremos establecer mecanismos de seguridad bastantes, como para garantizar que un político no meta mano en el saco. Sí, podemos llenarlo todo de videocámaras, podremos establecer sistemas de vigilancia permanentes… ¿pero de verdad queremos eso? Si los seres humanos, y particularmente los políticos, perdemos cualquier consideración moral, nos veremos obligados a protegernos de nosotros mismos mediante sistemas que nos converitrán, en última instancia, en seres muy poco humanos.