La Opinión de Lanzarote

Jorge Coll

[Lancelot, 11 de mayo de 2007]

No se puede asegurar que los que presuntamente urdieron la trama de los “pinchazos” contra los alcaldes de Teguise y Yaiza hayan fracasado totalmente en su intento de acabar políticamente con ellos y beneficiarse además electoralmente. No han conseguido, posiblemente, la foto de los alcaldes detenidos y esposados por los policías a la salida de sus casas, que era lo que muchos creen que realmente perseguían.

Reyes y Hernández se salvaron del escarnio público gracias a que durante los casi tres meses de escuchas en sus teléfonos móviles no se encontró ninguna conversación realmente comprometida que demostrase que Juan Pedro y José Francisco hubieran cometido un grave delito de blanqueo de dinero, ni siquiera de tráfico de influencias, que era por lo que se les investigaba desde la UDYCO. Digo que no consiguieron la foto de los alcaldes esposados pero muy probablemente sí que van a conseguir que al final se juzgue a los dos por presuntos delitos de prevaricación, al conceder varias licencias urbanísticas contra el criterio de la moratoria turística de Lanzarote. Otra cosa diferente es que posteriormente, si finalmente se celebra el juicio, se les considere culpables. A lo mejor sí o a lo mejor no. Si estos alcaldes actuaron irregularmente, que lo paguen como cualquier otro vecino, ni más ni menos. Pero para presentar una denuncia por presunta prevaricación no era necesario ir a esa unidad policial, lo podían haber hecho a través de los tribunales ordinarios de justicia. Hay que dejar claro que la jueza que decretó las escuchas, al parecer a petición de la UDYCO, actuó correcta y justificadamente ante el informe que se le presentó desde esa brigada.

Ahora bien, para muchos resulta un insulto a la inteligencia no dudar de las malas intenciones que rodean a este asunto de las escuchas telefónicas a los dos alcaldes de estos municipios turísticos. No sólo por las formas utilizadas por Carlos Espino, hoy jefe de campaña del PSOE en Lanzarote, sino por la certeza que tiene la mayoría de que detrás de la operación se encuentran otros líderes del socialismo canario empeñados en acabar con la corrupción. O, al menos, con la corrupción de sus enemigos políticos. Cuanto más trata Carlos Espino de justificar su actuación, más dudas se crean sobre la utilización perversa de los mecanismos del Estado de Derecho en beneficio propio o de su partido político. Y ese es el quid de la cuestión. ¿Utilizó partidistamente el PSOE la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) para investigar a esos alcaldes pertenecientes a otras fuerzas políticas? ¿Por qué Espino denuncia a esos alcaldes utilizando un informe realizado por un abogado, Agustín Domingo Acosta, expresamente para el Cabildo y sin el permiso y conocimiento de la presidenta? ¿Por qué el socialista va con ese informe directamente a la UDYCO, una unidad policial creada para los grandes delitos como tráfico de drogas, crímenes mafiosos u operaciones de blanqueo de dinero, y no acude como parece lógico al fiscal anticorrupción? ¿Quizás Espino decide ir a la UDYCO y no a los tribunales de justicia ordinarios porque cree que la actuación puede ser más “rápida” para sus intereses, al estar bajo el control del Ministerio del Interior y, por lo tanto, de un ministro del PSOE? Insisto, ésa son sólo algunas de las preguntas que muchas personas se hacen sobre este caso. Muchas personas que piensan que los resortes del Estado (en este caso la institución policial) no pueden utilizarse de manera torticera, aun en el supuesto caso de que podamos pensar que se hace con el fin de acabar con prácticas no deseables.

Lo importante -que lo es- no es que Espino haya podido usurpar las funciones que le correspondían a la presidenta al presentar una denuncia como consejero de Política Territorial del Cabildo sin comunicárselo. Lo grave de este asunto es la zozobra e inseguridad que se generaría si finalmente se demostrase que se han utilizado los mecanismos del Estado de Derecho de manera grotescamente partidaria para perjudicar a los enemigos políticos o no políticos. Y peor todavía es que muchos que se consideran progresistas justifiquen la operación bajo el pretexto de que se lo merecen y ya está.