Salvador Lachica
[La Opinión de Tenerife, 11 de junio de 2007]
Uno de los rasgos más denostados del sistema electoral en la Inglaterra del siglo XIX era la desigual representación de los núcleos urbanos, cuyo origen se remontaba a la época medieval. Correspondían a estos boroughs más de 400 escaños en la Cámara de los Comunes por Inglaterra y Gales (otro centenar escaso de escaños estaban reservados a los condados), pero muchas de las localidades con derecho a elegir representantes eran minúsculas aldeas con muy pocos habitantes, en las que el terrateniente del lugar podía imponer fácilmente su candidato, más aun si tenemos en cuenta que el voto era público. Eran los llamados burgos podridos o ciudades de bolsillo. En el otro extremo, localidades desarrolladas al impulso del crecimiento comercial e industrial no tenían derecho a voto.
Allá por el año 1830, al convertirse Charles Grey en primer ministro de Inglaterra, anunció inmediatamente que procuraría reformar el sistema electoral, que había sufrido pocos cambios desde el siglo XV. Las inconsistencias del sistema eran enormes; por ejemplo, las ciudades grandes tales como Manchester y Birmingham no elegían miembros, mientras que las ciudades pequeñas tales como Old Sarum (con siete votantes) elegían a dos miembros del Parlamento cada uno. A menudo, los burgos podridos o ciudades de bolsillo fueron compradas por aristócratas, cuyos candidatos eran invariablemente nominados al Parlamento por sus pobladores, en lo que constituía una auténtica perversión del sistema de representación.
Echando un vistazo al sistema electoral ultraperiférico, macaronésico y fragmentado de estos peñascos atlánticos se encuentran no pocos paralelismos entre la Inglaterra decimonónica y la Canarias del siglo XXI. No solo porque un 22 por ciento de la población elija al 50 por ciento de los representantes parlamentarios sino por la existencia de una oligarquía que hace y deshace a su antojo en varios núcleos concretos de la geografía canaria, imponiendo candidatos, pactos y asesores áulicos para controlar las distintas corporaciones locales, como está sucediendo en el trasfondo de las negociaciones abiertas desde el pasado 27 de mayo para conformar los tres niveles de la Administración pública.
Es por este motivo que los que defienden el derecho de una élite a ejercer el gobierno de la Tierra Única no quieren abrir un proceso de cambio electoral que podría poner en peligro las prerrogativas de la aristocracia canaria, que no es precisamente terrateniente.
Y si todo esto pasa con un sistema de listas cerradas, ¿qué podría suceder entonces si las listas fueran abiertas como en la Inglaterra del siglo XIX? Los pelos del cuerpo se ponen como escarpias solamente con pensarlo mientras algunos rezamos por que aparezca un lord Grey que cambie el sistema antes de que culmine la primera década de este modernísimo siglo.
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