Jorge Marsá
Parece que la actualidad política en Lanzarote va a estar este curso aún más marcada por la Justicia. Las causas judiciales llegan en cascada y con protagonistas bien señalados: José Francisco Reyes, Juan Pedro Hernández, Dimas Martín, María Isabel Déniz, Felipe Fernández Camero… Quizá el declive de este último, del que fue gran conseguidor y que ahora no hace más que perder un pleito detrás de otro, pudiera anunciar, esperémoslo, un cambio de época en la política insular o para ser más exactos, en la corrupción insular.
El último episodio en materia judicial era el que nos traía el pasado miércoles Diario de Lanzarote: el caso Forelan. La cosa es seria: “la Fiscalía pide 10 años de prisión para los 4 acusados”, al menos tres de ellos estrechamente vinculados a Coalición Canaria y al Gobierno regional. Difícilmente habrían podido beneficiarse tanto y tan fraudulentamente del dinero de todos si no hubiera existido esa estrecha vinculación.
Los fondos públicos destinados a la formación profesional y al reciclaje de los desempleados han conformado durante los últimos años en Canarias –y no sólo en Canarias– un caldo de cultivo para la corrupción que era bien conocido. Así que lo primero que llama la atención del caso Forelan es la importancia que cobra una sociedad civil activa cuando la Fiscalía no cumple –o no puede cumplir por falta de personal y medios– con su obligación. Tuvo que ser la asociación empresarial Aetur, con Gerardo Fontes a la cabeza, la que denunciara los hechos en 1998. Y la que protestara el pasado año ante el Juzgado por la demora en la celebración del juicio.
Esa tardanza constituye una manifestación más de que la Justicia en España dista mucho de ser justa. Porque no puede considerarse justo que se tarde más diez años en hacer justicia, que es lo que se tardará en el caso Forelan, al que le queda el juicio y los recursos posteriores, y en tantos otros casos.
El mal funcionamiento de la Justicia es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad española, y muy poco han hecho este Gobierno y el anterior por ponerle remedio. Sin embargo, la seguridad de los españoles queda en entredicho si hacen falta más diez años para resolver un denuncia judicial. Los derechos de los ciudadanos se limitan si hacen falta más diez años para defenderlos en un juzgado. La convivencia entre los españoles se complica si hacen faltan más diez años para resolver los conflictos. La actividad económica se resiente si hacen falta más diez años para resolver una disputa en la ultima instancia, que es la judicial…
No es el problema de la Justicia el de unos pocos, si no, como decíamos, uno de los más serios que afectan a la sociedad española, que difícilmente podrá situarse entre las más desarrolladas o avanzadas mientras permanezca sin resolver. Y, por el momento, el estado de la Justicia ni siquiera aparece entre las prioridades de la agenda política y del debate público en nuestro país. Quizá hagan falta más de diez años para que así sea.
Pregunta
9:20 | 15 Octubre 2007 | Permalink
¿Y cuál es una de las fundamentaciones de ciertos nacionalistas para defender incluso las discriminaciones según el lugar de procedencia (los canarios primero) a puestos de trabajo públicos?
- La equiparación del nivel de formación de los canarios a el de sus competidores “externos”
- La lucha por unos servicios públicos de calidad
- La fraternidad entre los hombres y esas cosas
chapapote
10:34 | 15 Octubre 2007 | Permalink
¿O sea, que en diez años todos esos estarán en la cárcel y se producirá la renovación de la política conejera?
EL GRILLO
12:08 | 15 Octubre 2007 | Permalink
La justicia supuestamente no existe como tal, existe para unos pocos adinerados, sino vean el caso de la bufona y quienes son los propietarios de las supuestas viviendas fabricadas en un suelo supuestamente ilegal y si a la justicia la pintan como a una mujer con una venda, aquí en Lanzarote la tienen que pintar sin boca y sin orejas. La justicia participa también en la política de pactos tan extendida en esta isla sino que le pregunten al Sr Dimas, ahora pactas te saco de la cárcel, ahora no pactas te quedas en la cárcel, y a los demás secuaces de Dimas viviendo la vida cazando y pescando en Alegranza, que le pregunten a las pardelas y burgados si existe la justicia, que le pregunten a los del morro de Angelito por la justicia.
Eduardo Ruíz
12:56 | 15 Octubre 2007 | Permalink
Muy de acuerdo con lo expuesto en el artículo. La justicia, es decir, la observación de unas leyes consensuadas por los habitantes de una región, es la base sobre la que se sustenta la convivencia. Sin justicia, el castillo de naipes social se desmorona.
Cuando la gente tiene la impresión de que las leyes sólo se les aplica a algunos, cada cual intenta sacar tajada, tratando de barrer para casa. ¿Por qué voy a cumplir yo cuando fulanito hizo esto o aquello y no le pasó nada? A partir de ahí, todo se viene abajo.
Por ejemplo, si yo tuviera dinero en Lanzarote, probablemente me plantearía construir un hotel en cualquier playa, sabedor de que la justicia iba a tardar, como mínimo, diez años en actuar. O podría dedicarme a comprar los votos de un municipio con pocos residentes, y así luego actuar impunemente. Cuando los ciudadanos tenemos la impresión de que la justicia no funciona, la ley del todo vale y “maricón el último” se impone sobre cualquier otra consideración.
oscar bermejo
22:09 | 15 Octubre 2007 | Permalink
Sobre los fondos europeos para formación habría mucho que hablar. El ya viejo caso de la cooperativa de viviendas PSV generó un gigantesco agujero en UGT que se pudo pagar gracias a ellos, cuentan las viejas lenguas de la misma UGT.
Sobre la justicia y los justicieros poco se podrá hacer si el Consejo General del Poder Judicial es otro órgano para la confrontación y no para el gobierno de la judicatura. Ésta, compuesta en buena medida por los más reaccionario de la ciudadanía española, especialmente en sus cúpulas, casi nunca ha dado muestras reales de preocuparle la lentitud y si sus diversas prebendas. Mucho menos de hacer valer el principio constitucional de ser todos iguales ante la ley. No se si viene al caso, pero no me resisto a pegar un artículo que conseguí publicar en el Canarias7, después de intentarlo infructuosamente en otro periódico local.
Ahí va:
”
CARTA ABIERTA A DON ANTONIO CASTRO FELICIANO
Estimado Don Antonio Castro Feliciano:
Esta carta esta motivada por el auto de archivo de las Diligencia Previas, incoadas en virtud de la denuncia de Francisco Cabrera contra José Manuel Soria, de 29 de junio.
Le escribo esta carta abierta porque soy amigo de Francisco Cabrera. Tuve la suerte de conocerle en el COU 73/74 en el Pérez Galdós y desde entonces le he admirado. En este momento muy pocos conciudadanos me merecen mayor respeto que él.
Hace veinticuatro años empecé a trabajar con Fernando Ledesma. Tuve la suerte de conocer y colaborar con Francisco Huet, Juan José Martínez Zato, Pascual Sala, los hermanos Jiménez Villarejo, Jesús Vicente Chamorro, José Antonio Martín Pallín, Clemente Auger y muchos otros. En resumen, los fundadores de Justicia Democrática y buena parte de lo mejor de la Judicatura y la Fiscalía de entonces.
Lleva usted cerca de cuarenta años sirviendo a los intereses generales en la delicadísima tarea de impartir justicia. Su trajín le ha llevado a atesorar un prestigio que merecidamente le ha llevado a la presidencia de la instancia jurídica de mayor rango en nuestra Comunidad. Su nombramiento fue celebrado por el grueso de los operadores jurídicos en Canarias. No se le escapa que dicho nombramiento estuvo sujeto a los habituales cambalaches del Consejo General del Poder Judicial. Para obtenerlo, la minoría “progresista” del Consejo hubo de avenirse a otros nombramientos en otras comunidades. Estoy seguro que los mismos no hicieron nada felices a aquellos que estiman que el artículo 14 de la Constitución no es una mera declaración de intenciones.
Conocedores o legos en Derecho, el caso es que fuimos muchos los ilusionados, los que creímos que su nombramiento podía significar un punto de inflexión en la lenidad habitual de nuestros tribunales para con la conducta de muchos poderosos. No está de más recordar que hace un par de años la Memoria Anual de la Fiscalía señalaba las numerosas actitudes delincuenciales para con el medio ambiente por parte de las Administraciones Públicas, especialmente las locales. Y en fechas recientes, lo ocurrido en Telde, Santa Cruz de Tenerife, Mogán y esta pasada semana en San Bartolomé de Tirajana parecen avalar lo dicho en aquella Memoria. No obstante, y puesto que no hay sentencias en todos y cada uno de estos casos, parece razonable esperar antes de emitir juicios temerarios. Sin embargo, no está de más recordar que, salvo Dimas Martín, ningún político señalado de este Archipiélago ha utilizado nuestros establecimientos penitenciarios. Y esa realidad es la que lleva a muchas personas a la conclusión de que la deslealtad en la administración de los fondos públicos sale barata en Canarias.
Tal vez ello guarde relación con la percepción ciudadana que sitúa la credibilidad de la judicatura por debajo de la de los partidos políticos o la de los restaurantes chinos. Ustedes sabrán.
El reciente auto de archivo creo que se sustenta en tres hechos:
Primero, la secretaria del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria tomó posesión 11 meses después del Consejo del cuál da fe.
Después, el denunciante no es contundente, pues no dice que el denunciado miente sino que parece que falta a la verdad.
Y por último, la Comisión de Investigación (¿?) del Parlamento de Canarias no estima que las afirmaciones del denunciado hayan tenido trascendencia en la elaboración de sus conclusiones.
Huelgan comentarios.
Estimado Don Antonio, no acabo de entender que encontrándose en la cúspide de su carrera profesional, y cuando está no muy lejos de terminarla, firme un auto como el que me ha traído aquí. El prestigio y eso que llaman el honor se construye día a día, mas sabemos que se puede ir al garete de un plumazo (los profesores Gimbernat o García de Enterría saben algo al respecto). Recuerdo que tiene usted la Medalla de Oro al Mérito de la Justicia en Canarias; aunque yo desconozca el valor de tal distinción. En cualquier caso, sí aprendí, junto a todas aquellas personas a las que me refería al inicio de esta misiva, lo que significa ser juez. Y es esa experiencia la que me lleva a terminar con una recomendación que espero no juzgue impertinente: su trayectoria no merece esta mancha; no tire usted 37 años por la borda.
Siga con salud,
Oscar Bermejo García
Miembro de los Gabinetes de Fernando Ledesma Bartret, Enrique Múgica Herzog y Tomás de la Quadra - Salcedo.”
No valió para nada, como era de esperar, pues la denuncia se archivó. No así la que presento el Sr. Soria López contra Cabrera. Se puede mentir si tienes amigos. ¿Sabe alguien de algún miembro relevante del Partido Popular condenado en nuestro país?
alfil
22:45 | 15 Octubre 2007 | Permalink
Conclusión, señor Bermejo… mejor le hubiera ido a Dimas si hubiera pertenecido a uno de los grandes partidos. Y lo dice alguien que no tiene al pilista como uno de los santos de su devoción, pero es lo que hay. Cosas de la partitocracia.