Juan Rodriguez-Drincourt Alvarez
[La Provincia, 24 de febrero de 2007]
La democracia no es simplemente votar cada cuatro años. Entre otras muchas cosas porque para que ese voto sea plenamente libre y lúcido es decisivo que se ampare una plena libertad de información que permita tener una, más o menos, cabal apreciación del estado de las cosas y de la realidad.
La libertad de información es uno de los pilares fundamentales sobre los que hace dos siglos se inició la gesta, en Francia y América, de un mundo de libertades. De hecho aquel famoso artículo 11 de la Declaración de derechos del hombre de la Francia revolucionaria proclamaba que la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos del hombre.
Evidentemente, la prensa está obligada, es algo obvio, a trabajar con profesionalidad, dando informaciones veraces y con forma y tono adecuado pero escrutando bajo una lupa y contando todo lo que tiene que ver con la gestión pública y los intereses de la cosa común. Es un grave error, que se paga a la larga, promover el autocontrol informativo o el silencio en todo lo que tiene que ver con información relativa a la gestión pública. Impulsar una deriva de ese tipo es nefasto para nuestra salud democrática y los que por vocación y trabajo analizamos la democracia podemos dar fe de que allí donde se ha practicado la cultura de no aceptar una crítica pública, libre, argumentada y creadora que someta al microscopio el ejercicio de la función pública, donde no se soporta que se revelen los errores o las imprudencias de una gestión, a causa de lo que de forma bondadosa un maestro del Derecho Público francés denominaba la enfermedad de la autosatisfacción o por lo que sea, se ponen las bases para una democracia disminuida donde falta el oxígeno de la libertad.
Así se entiende mejor que un cargo público no tiene, en el ámbito de su gestión, un derecho al honor y a la intimidad como el resto de los ciudadanos. Un presidente del Gobierno o de Cabildo o cualquier otro cargo público está sometido, en el ámbito de su gestión, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a un análisis máximo.
Hay incluso quienes bajo una absoluta deformación o desinformación de lo que significa la democracia intentan sostener y promover la idea que una determinada actuación pública no sea punible, es decir, que no tenga consecuencias penales, le otorga naturaleza o carácter de rigurosa y esto evidentemente no es así. Caben muchas otras responsabilidades y análisis. Hay uno, por ejemplo, muy importante sobre los modos de gestión y de visión de la administración que está sobre el tapete y debe ser objeto de un debate abierto y riguroso. El ejemplo que mejor lo confirma es la entrevista al presidente del Gobierno de Canarias en El País de 18 de febrero en la que de forma sorprendente afirma: “¿Un presidente tiene que impulsar o no debe impulsar los expedientes que tiene su Gobierno? ¡Es la obligación de un presidente! ¿Qué quieren, un presidente que ponga cuños?” Causa estupefacción que a sus funciones de dirección, planificación, etc. le haya añadido nada más y nada menos que impulsar los expedientes. Es una confusión profunda y no menor entre política y administración aderezada con una coletilla final que muestra una visión muy particular de los funcionarios de la administración para los que, al parecer, deja los cuños.
Una sociedad democrática tiene que repudiar la ley del silencio y apostar firmemente por el papel crucial que la prensa juega en una sociedad libre, exigir a los gobernantes el máximo rigor en la gestión de lo público y consecuentemente dar explicaciones e incluso estar dispuesto a aceptar que se ha cometido un error o una imprudencia, personalmente creo que esto último produce más réditos políticos que el enroque, perseguir las filtraciones y toda interferencia en el trabajo de los jueces, creer firmemente en la igualdad de todos ante la ley y que la separación de poderes y que el papel vital de jueces y fiscales independientes, garantizando el Estado de Derecho, son algo más que palabras.
Es curioso cómo, al menos en mi experiencia, todos los que hemos vivido algunos años en países de larga cultura democrática coincidimos en que en Canarias hay mucho que hacer en la promoción y defensa de una verdadera cultura y modos democráticos.
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