Carmen Merino
[Canarias7, 15 de junio de 2006]
El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Así reza el punto 1 del artículo 138 (título VIII, capítulo I sobre la Organización Territorial de Estado) de la Constitución Española. Y a no ser que la solidaridad sólo quepa entenderla a efectos económicos -una visión en extremo mercantilista de las relaciones entre los distintos territorios de un mismo país-, el Gobierno central socialista está dispuesto a arramblar con el mencionado precepto estatutario en una próxima reforma y ha decidido realizar un ensayo de su desaparición con la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sólo así cabe explicarse la pretensión de que sea Canarias la que se ocupe en el Consejo Superior de Inmigración de reclamar solidaridad a las restantes comunidades autónomas para la acogida de menores inmigrantes irregulares que arriban a las costas canarias y no pueden ser repatriados a sus respectivos países. ¿Con qué autoridad?, ninguna. ¿Con qué probabilidades de éxito?, escasas, si no nulas.
Si el Gobierno central socialista quiere quitarse un problema de encima se entiende su actitud. Y si lo que pretende es poner en un aprieto a la Comunidad Autónoma de Canarias, que ostenta, al igual que las restantes autonomías, las competencias del menor, sabe lo que está haciendo. Pero en ningún caso esa es una actitud que se corresponda con la responsabilidad en un asunto que ha tenido un carácter sobrevenido para las comunidades autónomas y que se deriva de un problema de fronteras de España y la Unión Europea, como muy bien recordó ayer Adán Martín.
Pero hay más. No sólo porque las autonomías, a excepción de Cataluña que está mejor organizada, están haciendo de tripas corazón con la Ley del Menor que les endilgó irresponsablemente el Gobierno de Aznar sin dotación presupuestaria y sin que contaran con técnicos ni equipos preparados para asumir una competencia de tal complejidad y alcance social. [Esta es una cuestión que en el caso canario debería valorar muy cuidadosamente el Estado, porque el nivel de conflictividad de los centros de menores y sus condiciones ya es de por sí alarmante pese a los esfuerzos de todos los responsables del área por reconducir la situación].
También porque si el Estado no nos sirve para garantizar todas las versiones de la solidaridad que pueden requerir sucesivamente territorios con distintas realidades territoriales, económicas y sociales, y por tanto intereses dispares, cada vez serán más los que se pregunten para qué queremos esta clase de Estado que, cuando vienen mal dadas, mira hacia otro lado. Que cada palo aguante su vela no rima ni con la justicia ni con el talante. Ni con la necesaria cohesión de una nación.
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