La Opinión de Lanzarote

Delia Cabrera

La irrupción de los ordenadores e Internet nos ha hecho olvidar hasta qué punto el automóvil ha sido el símbolo indiscutible del siglo XX. Durante décadas fue el baremo que medía el grado de desarrollo de las sociedades y la opulencia personal. Pocos objetos han modificado tan profundamente el paisaje y las ciudades; la industria y los modos de producción; y a las personas, sus concepciones del tiempo y las distancias, y sus hábitos de vida.

Los coches son objetos fascinantes. Se mire como se mire, deslumbran, nos apasionan y, al margen de su utilidad para el transporte, nos provocan sentimientos de potencia, dominio, individualidad…, que nos llevan a identificarnos con ellos. Pero son sólo objetos y no pueden tener derechos de ningún tipo: ni a circular ni a aparcar. Por pura lógica, tampoco las personas podemos reclamar derechos derivados de la posesión de ningún tipo de objeto. Por consiguiente, tampoco tenemos derecho a circular con nuestros coches ni a aparcar con ellos. No tener estas ideas claras produce una gran confusión en los debates.

Otro gran foco de confusión proviene de la identificación entre lo público y lo gratuito por un lado, y lo privado y gravoso por otro, que reflejan muy bien aquellas personas que se escandalizan por tener que pagar bienes que, como el agua, nos ofrece directamente la Naturaleza, sin caer en la cuenta de que ésta no se ocupa de ponerla en el grifo de nuestras casas.

Sin embargo, por mucho que pueda molestar, parece que nuestra civilización se encuentra en un punto tal que no hay un solo bien que nos salga gratis. Hasta para mantener limpio el aire que respiramos se necesitan medidas que regulen su uso e impidan su contaminación, con el coste inevitablemente aparejado a las mismas. Por no hablar de los mares y los bosques. Ya es dudoso que exista la Naturaleza, pero de quedar todavía algo, no hay duda de que a su mantenimiento y conservación dedicamos ya hoy grandes cantidades de dinero, que probablemente son insuficientes.

Por lo tanto, la idea de que lo público tiene que ser gratuito sólo pueden mantenerla dos tipos de personajes, omisión hecha de los políticos en campaña electoral: el irreflexivo, que no cae en la cuenta de que sólo recibe gratis lo que previamente ha pagado con sus impuestos, u otro de corazón más oscuro, llamado generalmente gorrón, que aspira a que algo le salga gratis no porque no cueste sino porque paguen otros.

Llegados aquí y volviendo al coche, nos encontramos con que un objeto, privado donde los haya y caracterizado por su movilidad, requiere el uso de un bien público, el espacio, que en las ciudades alcanza un alto grado de congestión. Un espacio que, además, precisa de grandes inversiones para ser modificado y acondicionado para la circulación, a las que hay que añadir un mantenimiento permanente de las red viaria y otros gastos más colaterales, como el de la propia policía de tráfico.

Creo que lo anterior viene a demostrar que ni circular ni aparcar son gratis y, por tanto, lo pertinente y primero es preguntarse ¿quién debe pagar? y, después, ¿cuánto? Pero previamente hemos de reconocer, con sonrojo –si no pertenecemos a esa segunda clase de personajes que antes he mencionado–, que pagar estamos pagando todos por algo –el uso del coche– que sólo algunos utilizan. Y si los datos no han variado sustancialmente –y la creciente inmigración parece avalar esta suposición–, todavía en nuestro país son mayoría las personas que ni usan el coche ni serán nunca usuarios potenciales del mismo. Con el agravante de que en esta situación se encontrarían las personas con menor poder adquisitivo.

Para estas personas, que a través de sus impuestos pagan una parte, por mínima que sea, del gasto público destinado a la circulación de vehículos, la privatización del espacio público, de las calles de nuestra ciudad, se produce en mayor medida y con anterioridad a la aparición de esa extraña enfermedad que vuelve amarillos los bordes de las aceras, comentada por Fernando Marcet en su artículo titulado “Me priva privar”. Si acaso, la recaudación que reportan los vados les resarcen si no de la incomodidad que los coches ocasionan, de al menos una parte de la factura que involuntariamente pagan. Y me parece que sólo tras estas consideraciones podemos abordar con rigor el quién y el cuánto de los gastos que ocasiona el uso del coche sin caer en el error de confundir privilegios con derechos.