Joaquín Anastasio
[La Opinión de Tenerife, 17 de diciembre de 2006]
Un halo de misterio rodea a José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, el personaje central de la trama en torno al proyecto de puerto deportivo en la capital tinerfeña que operaban empresas filiales de Fórum Filatélico y que supuestamente implica al alcalde, Miguel Zerolo, y al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor. En las pocas descripciones que constan de sus escasos colaboradores aparece como un tipo más bien bajo, algo calvo, escasamente garboso y tirando a arisco.
Hay versiones contradictorias sobre su pasión por el lujo, pero lo cierto es hay quien le atribuye actitudes y gustos hippies. De hecho es vegetariano radical, amante de los animales y tirando a ecologista. Eso sí, depredador en los negocios y turbio en sus manejos hasta extremos inimaginables. Tanto como su obsesión para esconder su imagen y su identidad física hasta el punto de que la última foto que se maneja de él en los ámbitos policiales es una de cuando tenía 29 años en documentos caducados hace casi otro tanto. Después, nada. En todo caso, un gran espacio lleno de interrogantes que las policías de ocho países tratan de desentrañar para dar con él.
Estos son algunos de los rasgos del borroso perfil de Llorca Rodríguez, un catalán de 57 años (Seo de Urgell, 11 de octubre de 1949) que está en la cúspide de un complejo entramado de sociedades que se solapan unas a otras hasta configurar un auténtico laberinto, cuya gestión siempre recae en testaferros y hombres de paja, y que actualmente se encuentra huido de la Justicia. Llorca Rodríguez aparece como el esquivo inspirador intelectual y responsable último de las inversiones inmobiliarias en Tenerife de Gruposa, dueña de Parque Marítimo Anaga SA y a su vez filial de Fórum Filatélico. El gestor del día a día e intermediario ante las Administraciones de esas operaciones es, según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario tinerfeño José Ana Pérez Labajos.
El que sus socios y testaferros en la operación de Tenerife llaman en escritos internos “el innombrable” pero al que reconocen como el verdadero dueño de las empresas que gestionan la concesión del proyecto ha logrado difuminar su verdadera identidad. Escondido bajo diversas variantes de su nombre real, con doble nacionalidad española y británica, con su DNI y pasaporte español caducados desde hace más de 20 años y alérgico a las cámaras de fotos, Llorca Rodríguez es hoy un verdadero fantasma a efectos jurídico-policiales. También registrado en sus muy diversas actuaciones profesionales y empresariales como Juan Carlos Llorca, Carlos Yorca y Simón York, el cerebro de la trama tinerfeña actúa siempre a través de unos pocos colaboradores de confianza que se encargan de activar la red de testaferros sobre todas sus operaciones, la mayoría de ellas opacas ante la ley. A nombre de Simon York se encontraría el pasaporte británico con el que ha viajado en los últimos años y también la identidad del abogado que trabajaría en una firma de la city de Londres, por cuya sede también ha dejado de vérsele. Se desconoce si visitó Canarias para vigilar sus intereses en Tenerife, pero en el informe que la Fiscalía remitió a Garzón se señala que “en la Isla (…) pedían insistentemente la presencia de D. José Manuel y explicaciones y esto no era posible”.
Llorca Rodríguez tiene actualmente tres causas abiertas en España y otra más sobre la que ya ha sido condenado por la Audiencia Nacional, la denominada Operación Ballena Blanca contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico con base en Marbella. Fue tras esa condena cuando desapareció del mapa y cuando se cursó orden de busca y captura sin que hasta la fecha la policía tenga la más mínima constancia de su paradero. Tras la intervención judicial de Fórum Filatélico en mayo pasado, el juez Baltasar Garzón descubrió en octubre una conexión del fraude en la sociedad filatélica con la Operación Ballena Blanca a través precisamente de Llorca Rodríguez y del abogado marbellí Domingo Cuadra, el titular del despacho jurídico desde el que se gestionaron también las inversiones inmobiliarias de sus filiales canarias en Tenerife: el parque marítimo y la compra de dos parcelas en Valle Tahodio presuntamente con favores por parte del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria.
En fuentes jurídicas se considera a Llorca Rodríguez como el mayor blanqueador español en activo de dinero y algunas de sus sociedades se han visto envueltas e investigadas también en el caso Malaya del Ayuntamiento marbellí. La fiscalía le considera además como el verdadero dueño de Fórum Filatélico y responsable último del desfalco de en torno a 3.000 millones de esta sociedad a pesar de que como primer imputado en calidad de presidente aparezca Francisco Briones. Llorca es el eslabón que conecta los casos Fórum, Ballena Blanca y Malaya y a los que ahora se suma el del parque marítimo tinerfeño.
Sus primeros encuentros con la justicia datan de 1987, año en que es investigado por la creación de empresas pantalla para el blanqueo de dinero en diversos paraísos fiscales. Pese a la presión judicial, Llorca siguió actuando a través de sus numerosas terminales societarias. Así, a caballo de las sociedades Pharus Iberia, una editorial de tendencia ecologista y alternativa, y Absolute Marbella, dedicada al mundo del diseño, la moda, los viajes y el espectáculo, este personaje se instaló a mediados de los noventa en el polígono marbellí de Coín, desde donde, hasta su desaparición, dirigía su compleja y difusa trama que los diferentes procesos judiciales en esa localidad malagueña han responsabilizado de operaciones de lavado de dinero.
Desde esas sociedades y mediante la intervención de otras como Cuadra Asociados y Goldford Solutions Ltd, o la participación de terceros como Prius Abogados, el arquitecto Julio Aumente, o el propio empresario local Pérez Labajos, el cerebro de la operación ha supervisado las inversiones inmobiliarias en Tenerife. Desde su condena por la Audiencia Nacional a principios de 2005 y su inmediata desaparición, a Llorca Rodríguez se le señala como la X de algunos de los más sonados escándalos financieros y urbanísticos de este país en los últimos años. Tenerife es una de sus ramificaciones.
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