La Opinión de Lanzarote

Fernando Marcet Manrique

Uno de los decretos más denigrantes promulgado por el anterior Gobierno de Canarias, prácticamente el mismo que hoy por hoy nos gobierna tras las últimas elecciones, está a punto de cumplir dos añitos. Míralo qué mono. Me apetecía recordarlo en estas líneas, para que nos congratulemos de tener unos mandatarios tan atentos y para felicitarnos por saber elegirlos tan bien. Veamos cual es y tratemos de introducirnos en la mente del legislador que ideó, proyectó y aprobó tamaño dislate.

Publicado en el Boletín Oficial de Canarias el martes 3 de Enero de 2006 (2006/002), lleva por titulo el siguiente:

7 DECRETO 232/2005, de 27 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de concesión de la licencia comercial específica y se establecen los Criterios Generales de Equipamiento Comercial de Canarias.

Comercios, criterios y licencias. Tres conceptos aparentemente inocentes que manejados con la suficiente mala leche son capaces de obrar maravillas. Especialmente si hablamos de Canarias.

Antes de continuar, reflexionemos un poco. Criterios de licencia comercial. ¿Cuáles serían los puntos importantes a tener en cuenta si cualquiera de nosotros hubiera de establecer dichos criterios? ¿Cuáles serían nuestras prioridades?

Para contestar estas preguntas, quizás debamos antes responder esta otra: ¿Para qué se hacen las leyes? Es una pregunta directa y clara. Y la respuesta le va a la par. Las leyes se hacen para mejorar o al menos evitar la merma de la calidad de vida entre la mayor parte de la ciudadanía. Vamos, que tú no haces una ley para beneficiar a unos pocos si con ello perjudicas a muchos. Así no funciona. O no debería.

Pues bien, les adelanto que aquí estamos ante un caso flagrante de lo que el legislador no debería hacer en ningún caso. Legislar para favorecer a un grupo minoritario, perjudicando de paso a la gran mayoría.

Sin más rodeos, vayamos a la madre del cordero. Capítulo tres del mencionado decreto, artículo 19. Título, “nivel de saturación”:

1. En función de las posibilidades de la demanda actual y las características del equipamiento comercial existente en una determinada zona de atracción comercial se procederá a denegar la solicitud de instalación, modificación o ampliación de grandes establecimientos comerciales y establecimientos de descuento duro y venta a saldo cuando el ámbito territorial afectado se encuentre saturado de este tipo de instalaciones, con arreglo a lo establecido en el apartado siguiente.
2. Para determinar el nivel de saturación se tendrá en cuenta lo siguiente:
A) La superficie máxima de venta para cada tipo de establecimiento comercial que puede existir en una determinada zona de atracción comercial será la resultante de aplicar el siguiente cuadro dimensionado, atendiendo a la población de hecho de la respectiva zona de atracción comercial:
1. Hipermercados:
- Índice: 0,04 m2 por habitante.
2. Grandes almacenes:
- Índice: 0,04 m2 por habitante.
3. Otros grandes establecimientos comerciales polivalentes:
- Índice: 0,01 m2 por habitante.
4. Supermercados:
- Índice: 0,03 m2 por habitante.
5. Grandes establecimientos comerciales especializados en equipamiento personal:
- Índice: 0,01 m2 por habitante.
6. Grandes establecimientos especializados en equipamiento de hogar:
- Índice: 0,02 m2 por habitante.
7. Grandes establecimientos comerciales especializados en equipamiento de material de construcción y saneamiento, ferretería y bricolaje:
- Índice: 0,03 m2 por habitante.
8. Grandes establecimientos especializados en equipamiento de muebles:
- Índice: 0,04 m2 por habitante.
9. Establecimientos de descuento duro:
- Índice: 0,002 m2 por habitante.
10. Establecimientos comerciales dedicados total o preferentemente a la venta de saldos:
- Índice para establecimientos con una superficie útil de venta al público superior a 300 metros cuadrados: 0,004 m2 por habitante.
- Índice para establecimientos con una superficie útil de venta al público igual o inferior a 300 metros cuadrados: 0,004 m2 por habitante.
11. Otros equipamientos especializados no contemplados en apartados anteriores o pertenecientes a otros sectores:
- Índice: 0,01 m2 por habitante.

La cosa va, como pueden ver, de metros cuadros autorizados para los comercios en función de lo que estos venden. Criterios más o menos similares en todos los casos, excepto en dos, los referidos a los apartados 9 y 10. Supermercados de descuento duro y establecimientos dedicados a los saldos. O sea, tiendas en las que se venda barato.

Ante esto, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿a quién no le interesa que se venda barato en Canarias?

Pero, antes, traduzcamos los números a ejemplos inteligibles. Los supermercados de descuento duro, por ejemplo. Nos dicen que no se otorgarán licencias a ninguno que sobrepase los 0,002 metros cuadrados por habitante. Ahora vayamos a la página oficial de uno de estos establecimientos, apartado franquicias, y leamos:

Si tiene o conoce a alguien con un local a partir de 250 m2 en un municipio de más de 2.500 habitantes y está interesado en invertir en un negocio de éxito, póngase en contacto con nosotros rellenando y enviando el formulario de respuesta siguiente:

Uno de los supermercados más baratos de España, donde puedes comprar –y hablo por propia experiencia– un litro de leche por veinte céntimos o un yogur por diez. ¿Cuántos tendríamos que residir en la zona comercial delimitada por Tías, Arrecife y San Bartolomé, para que una de estas franquicias se pudiera abrir en la isla? ¿Cuántos tendríamos que ser para que se permitiera a uno de estos supermercados implantarse con esa superficie mínima de 250 metros cuadrados? Pues 125.000 personas. Ahora apenas llegamos a las 100.000. 125.000 personas para un supermercado que sería más pequeño que la casa de muchos de esos que aprobaron la ley.

Dicho con otras palabras. Esta ley se ha hecho con un objetivo bien claro. Evitar que en islas como Lanzarote jamás se pueda abrir un supermercado de descuento duro. ¿Por qué?

¿A alguien le entra en la cabeza que se prohibiera vender pisos por ser demasiado baratos? ¿O que se prohibiera vender bicicletas por la misma razón? ¿O cualquier otro producto? Pues eso es lo que se está haciendo en Canarias. Porque, entiéndase bien, aquí no se está prohibiendo a los supermercados de fuera que vengan a implantarse, se está prohibiendo un modelo determinado de comercio, independientemente de su lugar de origen. Prohibido vender barato, así de simple. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué?

Pues bien, la respuesta supongo que salta a la vista. Grupos de presión, ni más ni menos. Política moderna de altos vuelos. Existen ciertas empresas, entre ellas esa del “Ño” con el simpático dinosaurio, que tienen a ciertos individuos contratados a sueldo, cuya única labor es ejercer presión constante sobre los gobernantes que aprueban las leyes que nos afectan a todos. Lamentablemente, los consumidores, aunque somos muchos más, no hemos sido capaces de vertebrar una respuesta contundente contra esta presión empresarial, y así nos ha ido. Para mayor recochineo, los mismos señores que aprobaron esta ley volvieron a conseguir votos suficientes para seguir donde estaban, lo cual les permitirá seguir aprobando leyes similares. Siempre pensando en “lo nuestro”, un “lo nuestro” cuyo significado a pocos se le escapa: lo nuestro de ellos.

Hasta que los consumidores no seamos capaces de constituir una fuerza al menos con tanto peso como la de los empresarios del sector alimentario, en términos de presión, seguirán mangoneándonos y explotándonos con las excusas más inverosímiles.

Lo nunca visto, una ley que prohíbe vender comida barata. ¿Cómo se lo explicarías a un extranjero? Pues sí, vivo en un sitio donde no se permite a los supermercados que bajen demasiado los precios, no vaya a ser que alguien salga perjudicado. Vivo en un lugar donde una vez se aprobó una ley que en cualquier otra parte del mundo habría supuesto una revuelta popular de las gordas, y que aquí no sólo pasó bastante desapercibida, sino que está a punto de cumplir dos años enteritos. ¿Soy el único al que se le quedaría cara de tonto?