Miércoles, 12 de Diciembre de 2007

Poder y atención social

Luis Arencibia Verdú

Imaginemos un grupo humano con abundancia de recursos y cierta paz social que convive con otros con escasos medios y, por tanto, cierto potencial de conflictividad. ¿Cuál es la relación más obvia a priori que se establecerá entre ellos? La que prevaleció casi siempre a lo largo de la historia, y aún hoy en gran parte del mundo, es la que perpetúa la situación de desigualdad. Y dentro de esta inercia estaría la prestación de ayuda a cambió de sumisión y obediencia.

Sólo bien avanzado el pasado siglo se acabó implantando en algunos países el Estado del bienestar, mediante el cual se pretendieron distribuir más equitativamente los recursos y las oportunidades. Y fue incluso más tarde cuando se comenzaron a atender a los casos de desigualdad más severos de forma organizada, y con la intención de normalizar la situación de la persona, no de aliviarla momentáneamente.

En el viejo orden, los sistemas de poder encontraron un fiel aliado en la Iglesia Católica, y su sistema automatizado de salvación de almas a través de la caridad. El Bien era un mandato divino que la jerarquía interpretaba como le salía de ahí, y pobre de aquel desdichado que no aceptara la bondad tal cual se le ofrecía. Actualmente, la cosa, al menos sobre el papel, es diferente: la meta es la emancipación de la persona y que ésta pueda desarrollar todas las potencialidades posibles, para lo que es necesario que tome la iniciativa y se rebele contra circunstancia que considere injustas.

Pero estos son enfoques –como decíamos– bastante recientes y hay quien no los tiene en absoluto asimilados. Por ejemplo, el pasado 7 de diciembre La Voz de Lanzarote difundía la denuncia de una mujer contra dos educadoras de la casa de acogida para mujeres maltratadas de Arrecife por supuesto trato discriminatorio y abuso de poder, y entre los comentarios a la noticia hay afirmaciones tan sorprendentes como estas: “No es bueno morder la mano que te da de comer”; “Yo creo que esta señora debería regresar a su Galicia natal, es posible que no se haya aclimatado a los aires de Canarias y eche en falta su tierra” o “Sería la primera vez que se escucha que en las casas de acogida se maltrata a las personas”. Parece evidente que numerosas personas siguen considerando que en caso de tener dificultades, uno debería renunciar a sus derechos y limitarse a dar las gracias.

Si esta denuncia fuera infundada, sería una más de tantas que pasan cada día por los juzgados con cierta normalidad… Pero si tuviera base real, no sólo esta persona estaría ejerciendo su derecho y tomando sus riendas, sino que nos habría hecho un favor a todos los demás, difundiendo el funcionamiento inadecuado de un servicio público.

Quien tenga experiencia en atención social sabrá que estas situaciones son relativamente frecuentes, sin que trasciendan a la luz pública: unas veces el juez dictamina que el denunciante ha montado un castillo en el aire por inquina personal y otras que el educador no está cualificado para soportar la presión de su trabajo, y alguien ha pagado por ello. En todo caso, mientras no haya sentencia, ambas partes debieran ser tratadas con idéntico respeto.