Jueves, 13 de Diciembre de 2007

Cumplir la Ley

Jorge Marsá

[Publicado también en Basta Ya]

Socialistas y populares han aprovechado también la Operación Guateque sobre casos de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid para emprenderla los unos contra los otros. El País del martes anunciaba que “El PSOE pide que dimitan los ediles de Madrid por ‘priorizar’ licencias”, y que “El ‘número dos’ de Gallardón dice que Blanco pidió agilizar las obras de Ferraz”. Y ayer siguieron en la brecha: “PSOE y PP se reprochan ilegalidades en sus sedes centrales” (Cadena Ser).

Nos informa la emisora de que “la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, ha reculado, y no mandará, por tanto, ningún inspector”, y de que “el concejal socialista [concejalo deberían decir] Pedro Sánchez asegura que en su partido son ’sufridores de la maraña administrativa’ que tiene el Ayuntamiento que rige Alberto Ruíz Gallardón”. Y remata la concejal del PP: “ese es precisamente el gran problema de la administración: que la gente no cumple la ley”.

Creo que tiene razón Pilar Martínez en que “la gente no cumple la ley”, pero no en que “ese es precisamente el gran problema de la administración”. Es uno de ellos. Otro es que los políticos de este país son los primeros que no cumplen la Ley. Y existe un tercero al que se alude pocas veces: lo difícil que resulta cumplir la Ley en España. Hasta el punto de que en ocasiones se tiene la impresión de que la prolija y excesiva legislación española estuviera destinada a mantener en la ilegalidad a los ciudadanos, o a que dependan de la arbitrariedad de los políticos, y a alimentar las redes de corrupción en la Administración.

Y por si la normativa no fuera suficiente, los ciudadanos nos encontramos después con esa “maraña administrativa” que el concejalo citado denuncia en el Ayuntamiento de Madrid –como si no fuera una característica de toda la Administración española–. El resultado es que o bien resulta imposible hacer las cosas legalmente o bien hay que dedicar una importante cantidad de tiempo para realizar la travesía por esa “maraña administrativa”. Y si tenemos en cuenta lo que cuesta cada hora de nuestro tiempo –nuestro salario por hora–, podemos asegurar que la Administración constituye uno de los grandes males que lastran la economía española.

Es enorme la cantidad de dinero que nos cuesta el “vuelva usted mañana”, o el “le falta la fotocopia compulsada”, o el “no es en esta ventanilla”, o el “ahora tiene usted que dirigirse a…”. Y más caros aún nos resultan los dilatadísimos plazos que se toman las administraciones para resolver nuestros expedientes, conceder nuestras licencias o, simplemente, dar curso a nuestras peticiones.

Si a ello le sumamos el ritmo con el que la Justicia resuelve sus asuntos en España, tenemos dibujado el panorama de la inseguridad jurídica y normativa en el que se tienen que desenvolver los ciudadanos de este país. O dicho de otra forma, el caldo de cultivo perfecto para alimentar la corrupción en la Administración, porque resulta lógico que quién pueda, y siempre pueden los que más pueden, hará lo que sea para ahorrarse alguna de las estaciones del vía crucis.

En fin, que no es la educación el único aspecto en el que continuamos a la cola de los países más desarrollados. Sin embargo, pese a la gravedad de la cuestión, ni el PP ni el PSOE parecen darse por enterados: la reforma de la Administración continuará ausente del debate político. Ni promesas nos harán en la próxima campaña electoral. Y continuaremos sintiéndonos más súbditos que ciudadanos cada vez que nos acerquemos a una ventanilla.